… “Un supuesto comunicador que trabajaba en el equipo de campaña de la actual gobernadora me miró morbosamente, hizo algún comentario sobre que me veía muy bien porque había adelgazado y trató de abrazarme. No me dejé y ahí quedó. Después, en un evento de AMLO, él estaba a cargo de acreditaciones y no quiso acreditarme, hasta se burló”…

… “Fui acosada sexualmente por el esposo de mi exjefa, y me amenazaron con boletinarme si decía algo”…

… “El director del medio donde trabajo, me ha hecho comentarios sobre mi físico, como que me veo muy buena, ha hecho comentarios a otros compañeros sobre mí; como ‘mira esta chamaca ya se puso muy buena’, se ve bien. Alguna vez le pedí un favor laboral y él me dijo que me podía ayudar de otra manera y en lo que me lo decía se me iba acercando para quererme dar un beso, lo ignoré y me salí de su oficina y de ahí me agarró odio y coraje y se la pasa diciendo que le caigo gorda”…

… “Me han invitado a comer, se me han acercado por la espalda cuando hago entrevista de forma incómoda, me han mandado mensajes hablando y opinando de mi aspecto”…

… “Un presidente municipal, me abrazaba y agarraba de la cintura ‘de broma’, me quería ir y no me soltaba y en definitiva no respetaba mi espacio personal”…

En estadísticas (Segunda Parte)

Según el informe “Palabras impunes contra mujeres periodistas en México” de la organización Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil (CIMAC), con datos de 2019 y 2022, documentó que el 2.99 por ciento de las agresiones que sufren las mujeres se refieren a violencia sexual, producidos a través de actos de hostigamiento, que implican insinuaciones con connotación sexual o mensajes explícitos amenazando su vida o su seguridad personal, cifra menor en comparación de otro tipo de violencia que sufren las periodistas, sin embargo, el hostigamiento ocupa en primer lugar como  forma de ataque; incluyendo el hostigamiento sexual.

¿Hay dónde acudir?

En Tlaxcala, la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señala atender todas las denuncias que se presenten sean públicas o anónimas, sin embargo, Leonel Tlalmis dejó en claro que se requiere de un contacto directo con las víctimas para realizar un análisis de riesgo y valorar las medidas de protección para garantizar su integridad,

“Pues solo de esta forma es como podemos brindar una atención integral que, incluso va más allá y comprende brindar atención para la salud emocional de las víctimas con el apoyo de las dependencias en la materia”.

La directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), Edith Méndez Ahuactzin, quien trabaja en la entidad para visibilizar casos de violencia sexual, se inclinó no sólo para realizar acciones a favor de la prevención y respeto a la mujer, también en concientizar al hombre y educar a los jóvenes para no seguir presentando una cultura machista, así como también en la propagación de justicia, reconociendo  que Tlaxcala presenta niveles de hasta más del 90 por ciento de impunidad, ya que las sentencias y sanciones son mínimas alcanzando apenas el 2 por ciento del total de casos ya que no hay protocolos especializados en las instancias dedicadas a brindar atención y justicia a las víctimas, dejando en claro que existen en la actualidad sentencias sin perspectiva de género, investigaciones incompletas por parte del poder judicial y la falta de sanciones a funcionarios que obstaculizan los procesos entre otros.

Llamó a las autoridades a que se aplique de forma real la Alerta de Violencia de Género (AVG), se debe realmente de visibilizar las violaciones de derechos humanos en todo el ámbito, incluyendo a mujeres periodistas.

“La respuesta para prevenir el acoso no es enseñar a la mujer a defenderse, es trabajar para que el hombre no siga ejerciendo un poder sobre la mujer”.
De igual forma, la diputada Diana Torrejón Rodríguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, reconoció que en todos los ámbitos laborales existe el acoso sexual, por lo que no dudó que también en el periodístico se lleguen a originar, apostó a no solo crear una cultura de denuncia, también de confianza y creación de espacios seguros para las mujeres.

“Hay que valorar el considerar estos casos como agravantes, para así alcanzar penas más duras, pero no solo eso, para inhibir esto a la par, se tendrían que fortalecer a todas instancias que reciben estas denuncias, así como asegurar su autonomía para dar certeza y seguridad a los periodistas”.

Pese al no contar con datos oficiales sobre acoso sexual, por el reciente cambio de representante del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Nydia Cano Rodríguez, actual directora recordó a periodistas y sociedad en general que desde el Instituto se previene el acoso sexual en Instituciones Estatales a través de las Unidades de Género, además de exhortar a la implementación de protocolos de atención y actuación ante casos de acose sexual contra las mujeres.

“En el caso de que una mujer periodista sea víctima de acoso sexual por parte de un funcionario público, sin importar el nivel de esté, se está cometiendo en primera un delito, como lo establece el Código Penal del Estado”.

¿Y las denuncias de periodistas?

En el caso de periodistas, el 90 por ciento de las personas encuestadas no denunciaron el acoso sexual, mientras que el 9.7 por ciento sí; al ser cuestionadas el por qué no denunciaron, sus respuestas fueron desde desconocer el procedimiento, hasta, miedo a consecuencias, represalias y perder su tiempo en trámites de gobiernos desgastantes y burócratas.

Caso de fotógrafo señalado

En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakeline Ordoñez Brasdefer, presidenta del organismo, resaltó que durante el año 2022 se registraron 13 quejas por acoso de índole sexual; mientras que en el 2023 se ha presentado una queja sobre actos u omisiones cometidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

La obmdusperson reconoció que las quejas sobre acoso sexual que más llegan a generarse se encuentran en el ámbito laboral, seguidas por escolar; también aprovechó para llamar a la cultura de la denuncia y en el caso de reporteras y periodistas consideró que la UPET podría realizar su protocolo de atención para casos internos también. Capacitarse en el tema y promover una cultura de la no violencia contra las mujeres y con ello, prevenir situaciones de acoso sexual.

Confirmó que el fotógrafo acusado por supuesto acoso sexual años anteriores no trabaja en el gobierno del estado ni la Dirección General de Comunicación Social, ya que luego de que se dio a conocer la información la CEDH solicitó a la Visitadora Especializada en Asuntos de Género, realizara las investigaciones pertinentes, finalmente se giró un oficio a la Dirección General de Comunicación Social del Estado, quienes respondieron también mediante un oficio.

“Con respecto al hecho de que el comunicado no estuviese firmado, debemos tener en cuenta que todas las personas tienen derecho a expresar lo que consideren, y es obligación de las instituciones investigar y tomar cartas en el asunto”.

Periodistas son personas públicas

Es importante reconocer que ante conductas de acoso y hostigamiento sexual tanto el hombre como la mujer pueden ser víctimas, sin embargo estas conductas se generan más de hombres hacia mujeres, frente a este contexto las comunicólogas, reporteras y periodistas exhortan a garantizar su protección y en ciertos casos su anonimato tras las denuncias presentadas, al recordar que también son figuras públicas, así como señalar un compromiso por parte de los tres niveles de gobierno  y de los propios dueños de medios de comunicación a fin de garantizar un trabajo libre de violencia de género y por ende, libre de acoso sexual, también es importante no minimiza ni normalizar cada caso por conveniencias políticas e incluso adoptar medidas necesarias de prevención.

Finalmente todas las instancias y dependencias aquí presentadas, llamaron  a las trabajadoras de comunicación a denunciar todo tipo de actos en contra de sus derechos humanos ante CEDH, la PGJE, Oficina para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Secretaría de la Función Pública e incluso el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que son hechos susceptibles de delitos o faltas administrativas, así como a las autoridades y dependencias a aplicar el protocolo de actuación para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.

Sin embargo, ¿qué pasaría si el gobierno se permitiera seguir teniendo trabajadores acusados de acoso sexual en sus filas? Ese acto, sólo indicaría que las comunicadoras tendrían toda la razón para callar y no denunciar.