Derivado de la detención de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por estar señalados de extorsión agravada, la presidenta estatal del PAN, Miriam Martínez Sánchez consideró que una vez más quedó evidenciada la infiltración de delincuentes en los cuerpos de seguridad del estado de Tlaxcala.

“La detención de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por estar señalados por el delito de extorsión agravada, demostró una vez más la ineficacia del gobierno estatal para cumplir con su promesa de brindar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos, por contratar personas que debiendo brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, se dedicaban exactamente a todo lo contrario;  tenemos a un exsecretario considerado como prófugo de la justicia al ser señalado por desaparición forzada de personas, y más aún, a un titular al que se le ha ligado con grupos criminales. ¿A todo esto como se le llama?”, externó

La dirigente albiazul, exhortó al gobierno del estado a revisar la certificación de policías estatales, y no solo pedir paciencia para dar resultados.

“Que no quede solo en el discurso la revisión del gobierno estatal al interior de la SSC, quienes desde el inicio de la administración han demostrado ser cómplices y protectores de la delincuencia (hasta les da empleo), de otra manera ¿cómo se explica el alto nivel de impunidad que se vive en el estado?”, resaltó.

“El Gobierno de la cuarta trasformación nos muestra claros indicios de que en Tlaxcala opera la delincuencia organizada, si los delitos no se castigan, si tenemos instituciones débiles y plagadas de corrupción, si prevalece la impunidad, entonces no se puede negar la crisis en la que nos encontramos. Exigimos al gobierno del Estado, haga una limpia profunda a la institución y revise la certificación de los elementos, que se olvide de sus compromisos políticos y que atienda al compromiso social que debería ser el más importante".

Finalmente Miriam Martínez enfatizó que los titulares de la SSC, y la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) deberán actuar con responsabilidad la tarea de garantizar la seguridad de la ciudadanía y no proteger a los delincuentes que usan uniformes de policías estatales.

“Si los delitos no se castigan, si tenemos instituciones débiles y plagadas de corrupción, entonces no se puede negar la crisis en la que nos encontramos”, puntualizó.