La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasfeder, aseveró que mientras existan relaciones asimétricas de poder, difícilmente se podrá acabar con muchos tipos de violencia en contra de la mujer, específicamente la violencia política de género, por lo que reiteró que es necesario seguir construyendo un sistema jurídico y administrativo que permita generar condiciones de igualdad o instrumentos que permitan revertir esos factores.
Así lo manifestó durante su participación en el foro denominado “¿Qué hace falta para garantizar el derecho a ser votadas y para el ejercicio pleno del cargo?. Experiencias de atención e investigación sobre la violencia política contra mujeres en razón de género”, que fue organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala, cuya sede fue el Centro de Diálogo y Promoción de la Cultura de Paz de la CEDH, donde compartió panel con la presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Claudia Salvador Ángel; el presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Emmanuel Ávila González y la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Gabriela Hernández Montiel.
La Ombudsperson manifestó que la violencia, no solo es una violación de los derechos humanos fundamentales, sino que también socava los principios de igualdad y democracia que deberían ser la base de cualquier sociedad justa y, desafortunadamente, la asimetría de poder es una realidad en muchas partes del mundo, más aún, en el ámbito político, donde la desigualdad de poder se manifiesta de manera clara y preocupante.
Precisó que la dignidad humana debe ser el principal detonante de exigibilidad de los derechos humanos, pues implica que cada ser humano se pertenece a sí mismo, y, por lo tanto, no puede ser tratado como objeto, ni ser utilizado para los fines de otras personas.
No obstante, refirió que las mujeres continúan enfrentándose a una falta de igualdad de oportunidades en los ámbitos académico, político, laboral, social y económico, factores que son determinantes para vivir en condiciones adecuadas y seguras para su integridad física, psicológica, emocional, sexual, reproductiva, así como para la seguridad económica de ellas y de las personas que estén bajo su cuidado, situación que las deja en desventaja y las coloca en situación de vulnerabilidad.
Dijo que, ésta es la razón por lo que el Estado ha desarrollado una diversidad de disposiciones legales y ha tomado una serie de acciones positivas en favor de los derechos de las mujeres, porque socialmente persisten todavía condiciones sociales, económicas, políticas y culturales desiguales que afectan sus derechos, y que mucho tienen que ver precisamente por las relaciones asimétricas de poder.
Por ello, consideró que es necesario crear un sistema jurídico y aparato administrativo para generar condiciones de igualdad; instrumentos que permitan socialmente revertir factores que condicionan la libertad de las mujeres y mecanismos y/o herramientas de protección a derechos humanos.
