Tras haberse creado la Comisión de Juicio Político al interior del Congreso del Estado por la denuncia contra magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA) por presuntas irregularidades en la compra de un terreno para la creación de sus oficinas, la Barra de Abogados de Apizaco y Tlaxcala representados por el promotor de la denuncia, Daniel Morales Díaz, presentaron avances respecto a la renuncia.

Destacaron que el TSJ no siguió un procedimiento de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios, ya que desde el inicio se dieron a conocer argumentos erróneos y con irregularidades para favorecer solo a ciertas personas.

Dentro del procedimiento de investigación señaló que el TSJ no tiene documentos que respalden el pago o justifiquen la cantidad de 2.3 millones de pesos que se pagaron conforme al valor real de la propiedad.

Y es que, explicó, el Tribunal erogó 6 millones 500 mil pesos, cuando el valor del terreno es de 4 millones 172 mil pesos. Lamentaron que se trate de corrupción de figuras que deberían promover la justicia y no ilícitos o irregularidades, por ello, pidió que los diputados conozcan los antecedentes de los actuales administrativos del tribunal.

Es de recordar que en días pasados el Pleno del Congreso local inició de manera formal el proceso de juicio político en contra de los magistrados, María Isabel Pérez González, Marcos Tecuapacho Domínguez y Elías Cortés Roa.

La denuncia señala presuntamente a los magistrados por incurrir en omisiones y fue promovida por el abogado Daniel Morales.