Con 20 votos a favor y dos en contra, este martes, durante la décima cuarta sesión ordinaria, los diputados de la LXV Legislatura del Congreso Local dieron lectura y aprobación a diversas iniciativas con proyecto de decreto a modificaciones del código penal para el Estado de Tlaxcala en materia de vías y transporte ferroviario, así como en materia de áreas y empresas en materia energética.
Con su acostumbrada “turbo lectura”, el diputado de Nueva Alianza, Bladimir Zainos, destacó y defendió la iniciativa que fue aprobada el pasado jueves, que da prioridad al Estado en la generación de energía eléctrica. La reforma ahora pasó a congresos estatales para su votación, siendo aprobada para la entidad.
Pese a las "miradas que matan" por parte de la diputada Miriam Martinez, del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Zainos Flores continuó su lectura, levantando la mirada solo por breves segundos a sus homólogos, principalmente cuando se señaló la presencia de monopolios en pasadas administraciones federales, así como la preferencia del interés a nivel privado sobre el público y nacional. Además, se destacó la necesidad de incluir de forma constitucional en el Artículo 28 una extensión que atienda dichas problemáticas.
Así, Martinez Sánchez, a mitad de la lectura, prefirió mirar a otro lado y evitar poner atención a la lectura del diputado aliancista.
Con las palabras “preservar la seguridad energética y evitar la explotación del litio”, Bladimir Zainos finalizó su lectura dando paso a la diputada de Acción Nacional, quien, de manera impaciente, dejó en claro estar en contra al cuestionársele su postura.
Miriam Martínez destacó que la reforma no es más que “un capricho por destruir los avances que en esta materia se han alcanzado desde hace más de una década”. Señaló que la gente requiere que bajen los altos costos de luz y gasolina, así como el evitar el daño ambiental, por lo subrayó su posicionamiento es el contra.
"¿Qué país y qué planeta vamos a heredar a nuestros hijos? Insisto, esto que validaron no corresponde a la agenda 20-30 al no ayudar a conseguir energía sustentable ni dar certeza ni seguridad energética”, señaló la diputada.
Lamentó el posicionamiento de sus compañeros y legisladores federales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por mantener silencio durante la aprobación de la reforma, advirtiendo que se vendrá una “barbarie”.
A su discurso, se le sumó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Yamili Flores Lozano, quien con una lectura más ligera, recordó que el PRD ha votado en contra de la iniciativa para que empresas privadas nacionales y extranjeras tuvieran grandes beneficios a costa de las riquezas naturales de los mexicanos. Adelantó que el partido seguirá atento a fin de que no existan reformas que generen actos de corrupción a través de obras públicas fantasma; pese a ello, minutos más tarde votó a favor.
Dichos posicionamientos llamaron la atención del diputado Bladimir Zainos, quien nuevamente pidió espacio para dirigirse a sus compañeras y recordar que, en lugar de una refinería, se creó una “barda”, acusando que Ernesto Zedillo fue quien privatizó las vías ferroviarias del país.
La acusación no solo originó gestos de burla entre algunos diputados y hasta una que otra risa perdida, también provocó que la diputada de Acción Nacional refutara los señalamientos destacando que “quienes en algún momento saquearon en los gobiernos hoy mudaron de piel y se encuentran en el ahora partido de Morena”.
Finalmente, se dio paso a la votación: el PRD votó a favor; sin embargo, de manera sorpresiva, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Aguilar, votó en contra segundos antes de finalizar el conteo, apoyando así la postura del blanquiazul. Posteriormente, Sandra Aguilar dejó en claro en sus redes sociales que su voto será en contra de un sistema que no garantiza que sea barato, limpio y suficiente para todas y todos: “al contrario, terminan por ser regresiva, contaminante y obsoleta”.
La reforma, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, otorga al Estado la responsabilidad de la transición energética hacia fuentes renovables, y establece que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelvan a considerarse empresas públicas estatales.