El incendio que arrasó, hasta el último reporte, con 700 hectáreas de bosque en Atltzayanca, dejó al descubierto la incapacidad del gobierno de Tlaxcala para prevenir y responder a desastres ambientales.

La reacción oficial llegó más que tarde, cuando el fuego ya estaba fuera de control, y pronto se buscó a los culpables más fáciles: campesinos y ejidatarios, acusados por realizar quemas agrícolas no controladas. 

Incluso se habló de retirarles apoyos estatales y federales y sancionarlos si incurren en estas prácticas. 

Sin embargo, organizaciones ambientales de la Cuenca Oriental —que abarca partes de Veracruz, Puebla y Tlaxcala— han denunciado una verdad más incómoda; detrás de estos desastres hay intereses económicos protegidos desde el poder.

Concesiones mineras, bombas antigranizo autorizadas a empresas automotrices, criaderos de cerdos e invernaderos han alterado gravemente los ecosistemas de la región.

Sobre estos permisos, las autoridades han guardado silencio. Y en lugar de asumir responsabilidades o revisar estas concesiones, los legisladores locales aprovecharon la tragedia como un trend de redes sociales.

Entre ellos tenemos al diputado Emilio de la Peña, quien se dijo "preocupado", pero no emprendió acción alguna, a pesar de haber ocupado un cargo en la Secretaría de Medio Ambiente.

Una tragedia más que se intenta apagar con discursos vacíos.