Ante los sismos ocurridos en septiembre de 2017, tanto el estado y la sociedad civil actuaron una vez que los desastres ocurrieron, lo que representa que no se está preparado para enfrentar estas problemáticas, ya que se carece de un plan de prevención, sentenció Óscar Soto Badillo, director de Investigación y Posgrado de la Ibero Puebla.

Acuso que en los gobiernos existe precariedad en materia de desarrollo y bienestar para la sociedad, muestra de ello es que de los 217 municipios poblanos, apenas el 37 cuentan con un Atlas de Riesgo actualizado.

Soto Badillo dijo: “La atención a los riesgos de desastre es una reacción que enfatiza el atender el desastre cuando ya ha ocurrido, esto es una forma dominante en el país (…) el estado y la propia sociedad civil actuamos una vez que el desastre ya ha ocurrido y nos avocamos a atender a las víctimas, ese es un paradigma equivocado y lo demuestra la experiencia que hemos vivido”.

Por su parte, Marco Castillo Ríos, investigador de Ibero Puebla enfatizó que tras los sismos del 7 y 9 de septiembre 2017 el país no estaba preparado para atender una contingencia de esta magnitud, además, las estrategias implementadas fueron de respuesta y no de prevención como desde el inicio debió ser.

El investigador comentó: “El enfoque que ha tenido siempre el trabajo gubernamental para atender el tema de los riesgos de desastre, es un tema muy de respuesta, no se estaba preparado para atender este fenómeno”.

Marco Castillo agregó que ante el desastre, la respuesta del gobierno federal que encabezó Enrique Peña Nieto fue desarticulada, “Fue una respuesta desarticulada, desorganizada y con pocos elementos, de eso se han dado cuenta en muchas investigaciones y balances”.

En datos concretos, Castillo Ríos mencionó que 20 por ciento de los afectados eran personas con algún problema físico, y de parte del gobierno de 2017 a la fecha, no existe una política pública para atender sus necesidades.

Además, el investigador comentó que de acuerdo con cifras de la organización Iniciativa Ciudadana, 24 por ciento de los damnificados indicaron que con la estrategia del gobierno federal para la reconstrucción de hogares, veían poco probable recuperar sus viviendas.

Ambos investigadores hicieron hincapié en la necesidad de que se realicen esfuerzos orientados a la generación de políticas que tengan la visión de la prevención, la producción de procesos territoriales sustentables, de inclusión social y la promoción de desarrollo, pero también fortalecer la capacidad de actuación durante y después de un desastre natural como el que azotó a Puebla el 19 de septiembre de 2017.