En medio de una ardua discusión política que se prolongó por más de siete horas, los diputados afines a Morena aplicaron la “aplanadora” y lograron la aprobación de la Ley de Educación para el Estado de Puebla, pese a los llamados de universidades y empresarios que habían solicitado a los legisladores modificar la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa.

Con 8 votos en contra, una abstención y 32 votos a favor, los diputados de la LX Legislatura local aprobaron la Ley General de Educación para el Estado de Puebla que plantea entre otras cosas que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas pasarán a ser parte del Sistema Estatal de Educación, la SEP tendrá injerencia en las cuotas de las escuelas particulares, la documentación no podrá ser retenida ni condicionada y además obliga a los padres y madres de familia a involucrarse en la formación de sus hijos.

Durante la sesión, que se realizó de manera virtual, dos diputados del bloque de “Juntos Haremos Historia”, Nora Merino Escamilla (PES) y Gabriel Biestro (Morena), denunciaron que recibieron mensajes que calificaron de intimidatorios.

A través de WhatsApp ambos legisladores recibieron textos en los cuales se les solicitaba que escucharan a otros sectores de la sociedad antes de avalar el proyecto. Los números desde donde se les pedía el cambio del sentido de su voto, provenían de otros estados y países.

La votación

El ordenamiento fue avalado en lo general con 32 votos a favor, ocho en contra y una abstención; mientras que en lo particular fueron 26 a favor, nueve en contra y cinco abstenciones.

A pesar de las más de 40 reservas para modificar la propuesta original presentada por el Poder Ejecutivo esta misma semana, la mayoría morenista rechazó casi todas las solicitudes y el documento original no tuvo mayor cambio.

Poco antes de las 23 horas de este viernes 15 de mayo de 2020 quedó totalmente discutida y aprobada la ley en la que se impuso el bloque de mayoría; así las escuelas particulares tendrán que cumplir “con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal, y demás para la formación de maestros de educación básica”, se cita.

En total, la sesión se prolongó por 12 horas, siete de estas fueron dedicadas al tema educativo.

Sin colores partidistas

La ley aprobada establece que para evitar que las escuelas tengan el sello del gobierno en turno, las escuelas, los uniformes e incluso los útiles escolares (mochilas) oficiales, deberán ser de colores neutros, para que no sean identificadas o asociadas con los partidos políticos. Los nombres de las instituciones educativas deberán ser de personajes eméritos y no de servidores públicos en función.

El artículo 112 establece que “las autoridades educativas estatal y municipales promoverán que los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo ofertado en los planteles públicos del sistema educativo estatal, sean de color neutro. Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial”, se cita.

Cabe recordar que, en los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, los uniformes llevaban la insignia de la coalición por la cual lograron gobernar al estado, incluso con el lema institucional de la administración estatal en turno.

Bienes muebles e inmuebles serán del Sistema Estatal de Educación

De acuerdo al ordenamiento avalado, el artículo 105 señala que “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”, se cita.

Los planteles educativos deberán garantizar la seguridad e idoneidad para la protección de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se especifica en el documento avalado la noche de este viernes.

Obligaciones a padres y madres

La nueva ley obliga a los padres y madres de familia a involucrarse con la educación de sus hijos, reconoce la educación indígena para garantizar el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, además fomenta estilos de vida saludables en la comunidad estudiantil, con la activación física y hábitos de alimentación adecuados.

La ley pretende garantizar el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el proceso educativo, además “se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado”, esto significa que ningún examen o inscripción al sistema educativo debe ser condicionado.

Auditorías a Universidades Públicas

A través del Articulo 121 de la citada ley, se establece que “las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo. En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan”, se señala.

El Gobierno del Estado de forma anual establece un presupuesto que va destinado a la infraestructura y materiales de las instituciones. Antes de esta ley, otros ordenamientos en materia de fiscalización ya establecían que todo el recurso público debe auditarse.

El nuevo ordenamiento será publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.