La diputada integrante de la bancada del Partido del Trabajo, Guadalupe Muciño Muñoz, hizo suya una de las leyes presentadas por Eukid Castañón Herrera para criminalizar el grafiti hasta con 10 años de prisión, mientras el instituto político que representa, advirtió que no es militante y fue candidata ciudadana.

A pesar de que retiró del orden del día el documento, se propone la iniciativa de reforma al artículo 413 Ter del Código Penal del Estado y plantea considerar como agravante del delito de daño en inmuebles cuando éste sea realizado “como parte de una manifestación y se tuviere el rostro cubierto al momento de hacerlo”.

Cuando se dañe, altere, destruya o deteriore la infraestructura urbana, de algún bien mueble o inmueble destinado a la prestación de un servicio público durante una protesta, la pena sería de 4 a 6 años de prisión y 360 a 500 días de trabajo comunitario.

En los casos donde los daños sean cometidos contra bienes mueble o inmuebles destinado a la prestación del servicio público de transporte la sanción será de entre 4 a 6 años de cárcel, un castigo mayor a la pena estipulada actualmente, que varía de los 3 a 5 años de prisión.

Sin embargo, cuando los daños en una manifestación sean cometidos al patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y/o cultural del estado, la pena se agravaría de 6 a 10 años de prisión.

La Ley Eukid

En marzo de 2015, las comisiones unidas de Gobernación y Procuración de Justicia de la LIX Legislatura aprobaron considerar como delito grave el grafiti solo cuando sea en inmuebles históricos o arqueológicos, con una pena de  tres a seis años de prisión.

Pese a que se dijo que se eliminaría el término “pandillerismo” este seguirá vigente en los términos actuales dentro del artículo 185 pero ya no será modificado como se planteó una vez que se alcanzarían hasta 12 años de prisión de acuerdo al documento inicial.

Tras polémica en la propuesta anti grafiti que presentó el diputado Eukid Castañón Herrera, este mismo señaló que nunca hubo la intención de violar la libertad de expresión de las personas.

Expresó que el espíritu de la ley era el proteger la propiedad privada y se garantizaría la reparación el daño que se cauce a los inmuebles,  indicando que el documento este tuvo modificaciones luego de una consulta en la que participaron los diferentes grupos sociales, incluso los propios grafiteros, además de representantes de la sociedad.

El delito grave que sería castigado con una pena de tres a seis años de prisión cuando el daño se cometa en contra de inmuebles catalogados como históricos o arqueológicos, y en ello no alcanzarán la libertad bajo caución.

Expuso que en las modificaciones entra el llamado trabajo comunitario de tres a seis meses para conmutarlo por la prisión en caso de que haya una sentencia.

Castañón Herrera indicó que la pena sería de 1 a 3 años cuando sea bien particular y de  dos a cuatro años cuando se trate de un inmueble público.

Sobre el tema del perdón en caso de un inmueble público dijo que será por medio de la mediación con la autoridad.

El deslinde del PT

Por medio de un comunicado de prensa, el Partido del Trabajo (PT) en Puebla informó que  a través de la Comisión Coordinadora y Ejecutiva Estatal se deslinda y condena enérgicamente la iniciativa presentada en el Congreso del Estado, en la que se busca modificar el artículo 413 Ter del Código Penal del Estado, que pretende criminalizar las protestas sociales, ya que consideró que es contraria a los principios del partido y a las garantías de libertad de expresión de los ciudadanos.

El Comisionado Político Nacional del PT, Ernesto Villarreal, solicitó a la legisladora rectificar y retirar el proyecto en tiempo y forma para quedar sin efecto. “No somos promotores de ese tipo de iniciativas, nuestros orígenes como organizaciones sociales y como partido político se han construido en los grandes movimientos sociales, que han permitido las grandes transformaciones en éste país”. Motivo por el cual la iniciativa se bajó del orden del día y al no dársele lectura, se tiene por no presentada.

La dirigencia colegiada declaró que la iniciativa de la diputada local, Guadalupe Muciño Muñoz, fue a título personal y no institucional, afirmando que dicha reforma transgrede a las manifestaciones sociales, al querer penalizar la protesta con cuatro a seis años de prisión.

Cabe señalar que Muciño Muñoz es integrante del grupo de diputados del PT, y participa como diputada ciudadana externa y no milita en el instituto político.