l Congreso del Estado recibió la renuncia con carácter de irrevocable del magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Benito Cruz Bermúdez, señalado como presunto responsable de haber pagado por la construcción de 150 escuelas sin que hubieran sido entregadas.
Jorge Cruz Bermúdez fue designado magistrado el 9 de septiembre de 2018 por la LIX Legislatura, seis días antes de que concluyera su periodo. Al recibir el nombramiento era el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Su designación fue cuestionada por la oposición una vez que carecía de una carrera dentro del Poder Judicial.
De acuerdo con información de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en las investigaciones que se llevan a cabo en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), en ellas se encontraría Jorge Benito Cruz Bermúdez.
Por medio de la cuenta de Twitter, el órgano de fiscalización informó que “investigamos los movimientos financieros llevados a cabo en administraciones pasadas, entre el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y proveedores con sospechas de operaciones simuladas.”
En el mensaje se advierte que los resultados se darán a conocer oportunamente.
Fue a finales de agosto de 2020 cuando se reveló por parte del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que había al menos 150 escuelas pagadas que nunca entregó el CAPCEE, la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría estatal revisan más de 200 expedientes de las anteriores administraciones estatales de obras que no existen, entre ellas se encuentran además proyectos de infraestructura hidráulica, carreteras y otros servicios que en monto podría superar lo que tuvo la llamada estafa maestra.
Según fuentes consultadas tanto en la Contraloría estatal como en la Auditoría Superior, se mantiene la integración de más de 200 expedientes que serán entregados a la Fiscalía Anticorrupción para que inicien los procesos penales en contra de los funcionarios involucrados.
Sin mencionar el monto total del daño causado al erario, una de las fuentes consultadas advirtió que en conjunto podría superar el monto de la llamada Estafa Maestra de Rosario Robles que se estima en 5 mil millones de pesos.
Conforme al procedimiento se han llevado a cabo visitas físicas a los lugares que marcaban los expedientes de la ejecución de obra, sin embargo, éstas no existen e incluso se pagaron dos veces.
En el mes de abril del año pasado se dio a conocer que los proyectos de infraestructura que se sumaron al proceso de auditoría fueron realizados por el Comité Administración Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y el Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE) tenían tienen detectadas 24 empresas fantasma que presuntamente fueron responsables de la construcción de inmuebles pero que en una revisión ocular se comprobó que no existen en el domicilio fiscal reportado.
