Al respecto, el edil Eduardo Rivera Pérez indicó que una vez autorizada esta solicitud, la Tesorería se dará a la tarea de buscar las mejores condiciones crediticias, ya sea en la banca comercial o en el propio Banobras.
Destacó que estos 200 millones de pesos estarán encaminados a la aplicación en proyectos de Seguridad Pública para la adquisición de equipamiento y tecnología; en materia de Desarrollo Social, con sus programas de infraestructura educativa; Obras Públicas, así como mejoramientos de mercados municipales y la propia Central de Abasto.
El edil poblano aseveró que la búsqueda de la línea de crédito en condiciones favorables para la Comuna se dará de manera responsable para no generar gastos onerosos de intereses.
Rivera Pérez detalló que lo ideal será concretar el pago de esta deuda en un plazo de 15 años, con la tasa de interés más baja y con las mejores condiciones de pago para no afectar el desarrollo que se tiene con los abonos que se hacen mes con mes a la disminución de la deuda histórica que se tiene de anteriores administraciones.
Enfatizó que la aplicación de los recursos obtenidos por el préstamo puede darse en su totalidad o en su caso pueda ser menor a lo establecido, lo cual dependerá de los recursos adicionales generados por la administración municipal.
Los regidores del PRI abandonaron el salón de Cabildo en protesta a las correcciones hechas de último minuto a las observaciones hechas a la administración anterior dentro del dictamen de entrega-recepción.
Las correcciones por un supuesto “error de dedo”, dejaron al descubierto que en lugar de objetar un daño patrimonial por mil 800 millones de pesos como se manejó en un principio, por el momento queda en 700 millones de pesos producto de una última revisión.
El enojo de los priistas se dio tras enterarse de que de último momento se hizo un cambio en el supuesto daño patrimonial, es decir, que 439 millones pesos de presunto daño patrimonial se le “corrigió” la cantidad hasta reducirla a 4 millones 390 mil pesos del programa Unidos Para Progresar, el cual sólo se justificó como un “error de dedo”.
El regidor del PRI, Octavio Castillo Kuri, dio a conocer que demandarán penalmente a los integrantes de la comisión del proceso de entrega-recepción, por sustracción de documentos, duplicidad de documentación oficial, falsedad de datos y declaraciones, entre otros delitos.
Los priistas entregaron pruebas de cómo las actas con las supuestas anomalías que originalmente habían firmado los panistas fueron cambiadas, así de las solicitudes de información que hicieron a esa comisión y que jamás fueron respondidas.
La petición
Tras la serie de enfrentamientos verbales protagonizados por regidores del PRI, PAN y PRD se determinó aprobar la comparecencia de funcionarios de la administración de Blanca Alcalá Ruiz.
En este sentido, Rivera Pérez destacó que la intención es la de solventar cada una de las inconsistencias que se encontraron dentro del dictamen de entrega-recepción.
El edil poblano descartó que se esté preparando una “cacería de brujas” en contra de funcionarios blanquistas, toda vez que se trata de un trámite normal del cual tendrá que resolver dentro del marco de la ley el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del estado.
Ante ello, se solicitará la presencia de algunos funcionarios para comparecer como es el caso de Gabriela García Maldonado, exsecretaria de Administración; Fernando Morales Soriano, extitular de Derechos Humanos; Jorge Rodríguez y Morgado, de Obra Pública; Blas Villegas Lara, de Protección al Medio Ambiente; Ernesto Ramírez, asesor del ayuntamiento; Armando Garcés, tesorero municipal; Javier Ramírez Carranza y Edgar Chumacero, titular del Deporte, todos en la administración de Blanca Alcalá Ruiz.
Modifican presupuesto
Durante la sesión, se puso en discusión el ejercicio presupuestal para el 2011 para lo cual se buscó un aumento de hasta 840 millones de pesos a fin de quedar en un total aproximado de 2 mil 953 millones de pesos.
Después de poco menos de una hora de discusión, el punto de acuerdo fue aprobado con la negativa de los cinco regidores de la fracción PRI-PVEM; durante el intercambio de impresiones, Arturo Loyola criticó los aumentos que hubo durante la administración de Blanca Alcalá Ruiz, donde dijo que “no se realizaron los trabajos necesarios”.
De tal manera que dicho aumento beneficiará —más o menos a los siguientes rubros de esta manera: 32 por ciento de aumento en Obra Pública, para Seguridad Pública 20 por ciento, Gasto Social 7 por ciento y para Mercado aproximadamente 7 por ciento, cerca de 21.5 millones de pesos.