El abogado Miguel Juárez fue el causante de que el movimiento ciudadano en la colonia 20 de Noviembre perdiera la defensa de las afectaciones de por lo menos 55 viviendas que serán demolidas por la construcción del puente vehicular de la 11 Sur a la Carretera Vía Corta a Santa Ana Chiautempan.

Los vecinos que encabezaron el movimiento contra la construcción de este puente vehicular, hicieron un recorrido por los lugares donde comenzarán a desaparecer sus viviendas, luego de que se aceleraran los trabajos de demolición.

José Marroquín Rojas, coordinador de ese movimiento ciudadano, indicó que los vecinos cedieron sus propiedades a cambio de un pago que osciló entre los 700 y los mil 700 pesos por metro cuadrado de terreno y de construcción a los colonos, quienes se preparan para iniciar una nueva vida en otro lugar, tras habitar hasta por 50 años en la colonia.

Para Marroquín Rojas, la causa de la derrota fue sólo una: su supuesto abogado, Miguel Juárez. “Vendió el movimiento ciudadano. Nos traicionó, siempre tuvimos al enemigo en casa”.

Marroquín Rojas aseguró que su exabogado se encargó de hacer un arreglo en lo “oscurito” en donde salió beneficiado con alguna suma de dinero a cambio de obtener las autorizaciones de los vecinos a través de engaños y ya con las sumas de dinero establecidas.

Pero además, este abogado se encargó de llevar a los colonos a la dependencia y convencerlos de que aceptaran el pago ofrecido por la dependencia, pues el amparo que en su momento tramitó ante la justicia federal estaba perdido.

El representante del movimiento relató que fue hace dos semanas cuando los vecinos acudieron a una nueva reunión en la dependencia estatal, que encabezó el abogado con los directivos, pero ese encuentro sólo fue para que firmaran los convenios, donde cada uno de ellos aceptaba vender su vivienda porque supuestamente el caso estaba perdido.

Indicó que el licenciado que los representó se reunía en privado con algunos cuantos vecinos y les informaba de avances que no eran verdaderos, mientras pedía que no se informará a otros tantos involucrados para no entorpecer los avances, situación que a todas luces fue con una sola intención: “negociar para perder la defensa de sus viviendas”.