Con la “soga al cuello” se encuentra Fernando Zulbarán y Rojas, asistente del regidor del PAN Pedro Gutiérrez Varela, quienes al parecer fueron responsables de la falsificación de firmas del proceso de entrega-recepción del ayuntamiento de Puebla en los anexos 1 y 2, lo que derivó en una serie de confrontaciones entre la actual administración y exfuncionarios municipales.
El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez advirtió que procederá en contra de los responsables de la presunta falsificación de firmas dentro de dichos anexos, si es que se confirma la irregularidad.
De acuerdo a versiones periodísticas, las indagatorias realizadas por la AFI y la Procuraduría General de la República, determinaron que sí hubo falsificación de firmas en el dictamen de la Comisión Especial de Entrega-Recepción, encabezada por el panista Pedro Gutiérrez Varela, y que de manera ilegal se habría sustraído el dictamen de las oficinas de la Secretaría General del ayuntamiento.
Aunque el edil admitió que aún no tienen la confirmación de los hechos, dejó en claro que acatarán cualquier determinación de las autoridades y en consecuencia se procederá contra los responsables.
Indicó que no hay ningún inconveniente de que los actos de gobierno sean revisados y sancionados como lo establece la ley, por lo que si hay algún funcionario, asistente o regidor que esté involucrado en esta situación, no solapará ninguna actitud de esta naturaleza.
Origen del problema
El alcalde poblano recalcó que más allá de señalar a alguien en concreto, se tendrá que esperar lo que determinen las instancias jurídicas para proceder en consecuencia.
El problema inició cuando en la hoja original de los anexos se asentó irregularidades en la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, en el orden de los 439 millones de pesos, para posteriormente modificarlo a 4.3 millones de pesos por un supuesto “error de dedo” al momento de elaborar el dictamen, donde estaban falsificadas las firmas de los regidores Arturo Loyola González, Irma Adela Fuentes Guevara, Jesús Edgar Alonso Cañete y Alicia Romero Ordaz.
Ente ello, el pasado 29 de junio, Pedro Gutiérrez Varela incumplió una primera orden del Juez Octavo de Distrito que instruyó la presentación del Anexo 1 y 2 del dictamen, debido a que este documento es crucial en la investigación sobre la falsificación de firmas que se llevó a cabo después del amparo promovido por Fernando Ramos Soriano, exdirector de Recursos Humanos en la administración de Blanca Alcalá Ruiz.
Dicho documento solicitado es una prueba del exfuncionario municipal denunciante que alega una presunta falsificación de firmas y papeles, en los que incurrieron regidores del cabildo para aprobar en fast track el dictamen de la Entrega-Recepción.
La resolución federal es la de reafirmar el seguimiento jurídico en cuanto a la falsificación de firmas y actas, así como la revisión de los anexos que no se presentaron por parte los integrante de la actual administración municipal.
Lo anterior implicó la realización de un peritaje grafoscológico para determinar si las firmas que aparecen en el acta son originales, o simplemente se trató de una falsificación, como lo expresó dentro del procedimiento de solicitud del mismo amparo.
