Debido a la incertidumbre territorial entre Puebla y San Andrés Cholula, ya se han comenzado a generar amparos por parte de instituciones educativas, centros comerciales e inversionistas para evitar el pago del impuesto predial en el territorio poblano. 

Lo anterior lo había advertido el presidente municipal Eduardo Rivera, luego de que el Congreso del estado aprobó la Ley de Ingresos de ambos municipios, pese a la incertidumbre legal que hay por la disputa del territorio.

Esto hará perder a Puebla alrededor de 40 millones de pesos que pudieron ser ocupados para la pavimentación de 100 calles, se puede instalar hasta una cuenta parte del nuevo sistema de cámaras de vigilancia, o también para resolver hasta una quinta parte del servicio de alumbrado público, entre otros.

Rivera Pérez recordó que desde el inicio su administración había advertido que ante esta indefinición territorial como consecuencia de la falta de ratificación del decreto de 1962, la serie de amparos de los ciudadanos no se harían esperar.

Aseveró que para su gobierno no es extraño que universidades como el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Puebla se haya amparado, o algunos comercios de la zona de Angelópolis, pues desde la aprobación de parte del Congreso del estado de las Leyes de Ingresos 2012 de ambos municipios con las mismas colonias, era algo que en breve se podrían iniciar.

Confirmó que al final de cuentas no pierde un presidente municipal, sino tanto las autoridades y los ciudadanos debido a que se genera una incertidumbre jurídica en la que actualmente se encuentran las 63 colonias.

Por lo anterior, reiteró el exhortó a los diputados para que sin importar que se encuentren en un proceso electoral en puerta, lo más conveniente es que lo antes posible retomen este problema, pues todos salen perdiendo. 

Aseveró que independientemente de que la Secretaría General de Gobierno (SGG) encabezada por Fernando Manzanilla Prieto, no los haya convocado a una reunión junto con su homólogo de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa, los diputados son los únicos responsables den resolver este conflicto que lleva casi 10 años.

Espera que el Legislativo no esté atrasando a propósito este caso, ya que la incertidumbre jurídica se ha incrementado, sin embargo reiteró que seguirán otorgando los servicios públicos.

Por último, advirtió que a pesar del incremento de los amparos no obligarán a los contribuyentes de esta zona a pagar en Puebla, sino que esperarán a que se resuelva de la mejor manera.