Este atraco en contra de ciudadanos se da cuando se descompone un vehículo o éste sufrió un accidente, pues al menos cuatro empresas llegan a cobrar hasta 7 mil pesos por el arrastre de un vehículo.
Al inicio de la actual administración se propuso que este servicio lo tomara en sus manos el ayuntamiento de Puebla para poner fin a estos abusos, e incluso dejar fuera a estas empresas para que la comuna prestara el servicio de arrastre a través de la compra de al menos 20 grúas, sin embargo, esto no sucedió.
La ciudad está secuestrada por estas mafias compuestas en su mayoría por empresas afiliadas a Antorcha Campesina u otros particulares (Doama, Victoria, Ocaña y La Unión), las cuales están cometiendo abusos en agravio de los ciudadanos.
Todas las denuncias han sido turnadas a los regidores del Cabildo de Puebla, en el sentido de que al momento de presentarse un accidente o una descompostura de vehículos o transporte público estas empresas llegan a cobrar grandes cantidades de dinero que ni siquiera están establecidas dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla.
Mientras que la Ley de Ingresos establece que por el servicio de arrastre se cobra 418 pesos por vehículos y motocicletas; camiones y remolques, 514 pesos; camionetas, transporte público y autobuses, 739 pesos. Sin embargo, las mafias de “gruyeros” cobran de 4 mil 500 hasta 7 mil pesos sólo por el arrastre.
Lo anterior ha ocasionado la inconformidad de los ciudadanos que incluso, en la mayoría de los casos, son objeto de amenazas o agresiones para que paguen obligatoriamente este tipo de cuotas ilegales que imponen grupos de Antorcha Campesina.
Al respecto, el regidor del PRD Arturo Loyola González aseguró que se trata de un verdadero robo la aplicación de estas tarifas, en complicidad de las autoridades que no han querido regular este servicio.
“Es un verdadero atraco, es un robo en despoblado con la complicidad y complacencia de quienes deben dar solución a un problema que se ha mantenido sin control en la ciudad y que al final hacen lo que quieren.”
Asimismo, lamentó que las autoridades municipales hayan permitido que esto se volviera un negocio y abuso, ya que han recibido reportes de las tarifas altas y sin regularizar que aplican estas unidades.
El regidor del Sol Azteca precisó que los ciudadanos se han convertido en verdaderas víctimas de los prestadores de este servicio, que con todo cinismo cobran hasta 7 mil pesos por traslado y que se ven forzados, por medio de agresiones, a recibir el traslado de su vehículo.
Loyola González aseveró que este servicio está regulado por la autoridad municipal, pues en la Ley de Ingresos está establecida la tarifa mínima y máxima por este servicio, sin embargo, el ayuntamiento no ha querido aplicarlo por temor a las organizaciones que tienen en su poder este servicio.
El regidor del PRD detalló que hay temor por parte de las autoridades para enfrentar a estas “mafias”, al negarse a concesionar este servicio a empresas responsables o, en su caso, aprobar la compra de unidades propias para poder prestar este servicio.
Además, indicó que desde hace dos años se propusieron dos alternativas para poder terminar con estos abusos en agravio de los ciudadanos, pero no se concretó por falta de voluntad por parte del actual gobierno.
¿Cómo operan las mafias de las grúas?
De acuerdo con el regidor poblano Arturo Loyola González, lo grave de este problema radica en que estas empresas cobran lo que quieren y a base de engaños arrastran las unidades sin rumbo, ocasionado así el incremento excesivo de las tarifas, las cuales muchas veces ascienden hasta los 7 mil pesos.
Ante las altas tarifas que cobran —indicó el regidor—, los conductores prefieren dejar el vehículo enganchado a la grúa, hasta que reúnen el dinero, obligados por la situación y bajo las presiones de estas personas.
También, aseguró que ha llegado a tal el problema y el secuestro de la ciudad en la materia, que los dueños de estas “empresas” se han repartido como botín el municipio en los cinco sectores que las componen, es decir, que están debidamente organizados para repartirse el trabajo y el dinero que hurtan a los ciudadanos.
"Esta empresas se reparten la ciudad como ‘cárteles’ de las grúas, por ejemplo, los vehículos afines a antorcha campesina tienen un sector, mientras que las diversas empresas que brindan el servicio se reparten los restantes".
Loyola González denunció que las autoridades municipales no han querido remediar este problema para impedir que este tipo de empresas presten el servicio a cambio de abusos en contra de los ciudadanos.
Además, indicó que había la promesa desde el año anterior de invertir 18 millones de pesos para adquirir un número mayor de grúas, con la intención de que el ayuntamiento se hiciera cargo del servicio y con ello terminar con estos abusos.
Sin embargo, dijo que a la fecha la Secretaria de Seguridad Pública Municipal cuenta con 16 grúas, de las cuales 10 están descompuestas y no están en funciones operativas en las calles.