Las movilizaciones que se han generado en contra de la propuesta de desaparecer algunas juntas auxiliares de la capital poblana tienen un trasfondo político.
Los que han rechazado estas propuestas, por un lado están aspirando a ser ediles auxiliares el próximo año y, por otro, estos mismos tienen alguna relación con algún partido político.
Lo anterior fue confirmado por el secretario de Gobernación municipal, Eduardo Alcántara Montiel, quien reconoció que se han generado especulaciones sobre algo que no se ha consolidado, incluso dijo que algunos aspirantes a esas demarcaciones están aprovechando el tema para buscar reflectores y promoverse.
"Yo veo que tratan de jalar reflectores en función de esas pretensiones que tienen para dirigir a sus comunidades. Yo creo que hay que hablarlo con prudencia y no enturbiar el ambiente. Me queda claro que tiene una filiación partidista vinculada (al PRI). El tema quedará en manos de la siguiente administración”.
De acuerdo con el funcionario municipal, las posturas que hicieron ayer excandidatos de juntas auxiliares, exediles y exregidores en contra de la propuesta, tiene como finalidad “jalar reflectores”, en función de las pretensiones que tienen en sus demarcaciones.
Por lo anterior, pidió no enturbiar el ambiente que se está dando en torno al tema de las juntas auxiliares, pues es un asunto que al final resolverá el Congreso del estado, luego de que se revise la propuesta de la siguiente administración.
De hecho, consideró que el pronunciamiento sobre la desaparición de las juntas auxiliares tenga un fondo partidista, pues aseguró que las personas que salieron hablar del tema son de extracción priista.
Alcántara Montiel descartó que esta administración vaya a presentar una propuesta al Congreso del estado para desaparecer siete de 17 juntas auxiliares, y aseguró que los movimientos en contra de algunos ediles y organizaciones tienen un trasfondo político.
El funcionario municipal agregó que sería sana la desaparición de las juntas auxiliares, pues se generaría ahorros de más 9.5 millones de pesos, además se acabarían los abusos de los ediles, como hechos presuntos de corrupción y usurpación de funciones.
