Habitantes de la junta auxiliar de Canoa impedirán a toda costa que otra persona asuma la presidencia de la comunidad, sentenciaron al señalar que la zona se ha convertido en un “foco rojo” de posible violencia.
Desde el pasado fin de semana, el edil auxiliar Raúl Pérez Velázquez se encuentra preso acusado de diversos delitos; sin embargo, su hija Rocío Pérez Pérez sentenció que es una venganza del gobierno estatal.
En rueda de prensa, acompañada de integrantes de la organización Los de Abajo y de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Entidad de los Pueblos (CEDIP), advirtió que el pueblo de Canoa no permitirá imposiciones.
Y fue más allá, al sentenciar que están dispuestos a todo por defender sus derechos como ciudadanos e indígenas, al señalar que la comunidad de San Miguel Canoa es un “foco rojo” por el que lucharán hasta las últimas consecuencias.
Explicó que se ha hablado de que Germán Luis Pérez López, simpatizante de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, es a quien quieren colocar en el puesto de presidente auxiliar, supliendo a su padre, por estar en prisión.
Sin embargo, sentenció que más del 90 por ciento de cerca de 4 mil habitantes están dispuestos a impedir su llegada y la reapertura de la presidencia auxiliar, la que se encuentra cerrada desde un enfrentamiento el 18 de octubre.
“La gente pide y exige justicia para que salga libre de los cargos que se le imputan”, señaló al acusar que están siendo no sólo presionados por las autoridades estatales y municipales, sino también amenazados.
Señaló que la parte fundamental para que el presidente auxiliar Raúl Pérez haya sido detenido mediante engaños fue que interpuso un amparo ante jueces federales contra los cambios a la Ley Orgánica Municipal, que entre otras cuestiones les quitaba la facultad de una policía y otorgar los servicios del Registro Civil.
Señaló que desde entonces se sabía que iba a comenzar una persecución, pero continuaron con la exigencia de sus derechos.
Explicó las arbitrariedades y falsedad en los delitos que la Procuraduría General de Justicia le imputa al edil, a partir de las acusaciones que le hizo Germán Pérez, quien tiene una buena relación con Moreno Valle y el presidente municipal Antonio Gali Fayad.
Fue el 31 de octubre cuando un grupo de 15 agentes de la Procuraduría General de Justicia detuvo al edil auxiliar Pérez Velázquez, al salir de unas oficinas del gobierno municipal, donde fue citado para realizar una mesa de trabajo sobre los problemas señalados.
Pero fue engañado y aprehendido, y ahora recluido en el penal de San Miguel, bajo los delitos de amenazas, usurpación de funciones, robo agraviado y privación ilegal de la libertad.
“No tenía cita con nadie. Se confió”, señaló su hija, al señalar que habrá una serie de movilizaciones contempladas a la capital, para la exigencia de su liberación.
Explicó que el denunciante es Constantino Arce Pérez, vecino de la comunidad, quien lo acusó de los delitos señalados durante un enfrentamiento el 18 de octubre, en el que un grupo de choque retomó las instalaciones de la presidencia.
“Ese día no caímos en provocaciones, nos retiramos a la casa de campaña, para evitar enfrentamientos contra el grupo de choque de Germán Pérez López, ese día Constantino atravesó una combi, impidiendo a la gente que regresaba de trabajar al pueblo llegar a sus casas”.
Señaló que en este momento habitantes de la comunidad se molestaron y enfrentaron a golpes a Constantino, pero nunca estuvo presente el edil auxiliar, ya que había acudido al Ministerio Público a levantar una denuncia por el enfrentamiento.
“No estaba en Canoa, porque estaba interponiendo una amenaza y el señor Constantito estaba libre y había golpeado a algunas personas junto con sus hijos”, indicó.
Mencionó que el juez de lo penal no tomó en cuenta estas pruebas, las que desechó sin mayor alegato, además de que tampoco escuchó a tres testigos que vieron ese día al edil irse a levantar la denuncia.
