Puebla es de los pocos Estados del país, con leyes que restringen la movilización social y que criminalizan la protesta, denunció  Roberto González del Comité Independiente por la Defensa de los Derechos Humanos –Puebla (CIDDHP).

Agregó también, que la entidad poblana, es el Estado con mayor número de presos políticos en México y es uno de los Estados que tiene leyes vigentes que restringen y criminalizan la protesta social, “Puebla ocupa el tercer lugar en México”.

Durante su conferencia “violaciones a los derechos humanos local y nacionalmente”, el activista solicitó arraigo domiciliario para Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, líder moral de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre, por el lamentable estado de salud que presenta desde hace varias semanas.

En el marco de la celebración del 42 aniversario de la fundación y lucha de esa organización, reiteró que Puebla es uno de los Estados que tienen leyes vigentes que restringen y criminalizan la protesta social, después del Distrito Federal y de Quintana Roo.

Empero, aseguró que en Estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y San Luis Potosí, se introdujeron iniciativas que atentan contra la libertad de expresión y reunión social.

Puebla encabeza cantidad de presos políticos

En su ponencia, reveló que el gobierno de Rafael Moreno Valle, tiene elementos que evidencian su rechazo social, como la denominada “Ley Bala”, la cual se estrenó el 9 de julio del 2014 en San Bernardino Chalchihuapan, donde en un desalojo a manifestantes, los policías estatales hirieron a un menor de edad, que más tarde perdió la vida, pero también tienen la llamada “Ley Antigrafiti”.

Puebla, dijo, es el Estado con más presos políticos con 241, después sigue Oaxaca con 80, pero también, Puebla ocupa el cuarto lugar al nivel nacional en niveles de pobreza, “qué se puede esperar con esos indicadores, que todo se traduce en malestar social, la resistencia ciudadana, la disidencia y la protesta social”.

Ante eso, reveló que el gobernador responde y la respuesta es la detención de opositores, por eso existen tantos presos políticos en el Estado de Puebla.

Enumeró algunas de las aprehensiones que se han registrado en el presente sexenio, como la detención de Adán y Paul Xicale, opositores del Parque Intermunicipal de Cholula; así como la aprehensión de los presidentes auxiliares de San Miguel Canoa, de La Resurrección y de San Bernardino Chalchihuapan.

Además, recordó que hubo operativos a cinco viviendas para detener ilegalmente a siete universitarios, la represión que sufrió un grupo de estudiantes en el zócalo de la ciudad y las amenazas de muerte a los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

Como ven, aseguró, el gobierno de Rafael Moreno Valle se ha caracterizado como uno de los más represivos, en su gestión ha privilegiado muchos proyectos y a empresas según él para garantizar el desarrollo social para los habitantes, sin embargo es todo lo contrario.

Dijo además, que con todo ese currículum, cree que lo postularán para la presidencia de la república, “pues quizá sí, pero el pueblo tiene conciencia, memoria, y a lo mejor se la va a cobrar”.

Arraigo domiciliario para Simitrio

Revelo que a 42 años de su fundación, la UPVA vive, se fortalece y se nutre de sus bases a pesar de la detención arbitraria de su dirigente, Simitrio, del que hizo una breve reseña, desde que se convirtió en líder moral de la 28 de Octubre.

Por eso, dijo que los integrantes del Comité Independiente por la Defensa de los Derechos Humanos Puebla, solicitaron al gobierno estatal se garantice la integración física y psicológica del dirigente de la UPVA, por las condiciones de salud, y a la vez, se le beneficie con el arraigo domiciliario para su atención médica porque la que ha recibido no es suficiente.

Además, dijo que pidieron el cese de amenazas, intimidaciones y todas las formas que menoscabe la dignidad humana de los integrantes de la unión popular.

Pero también, que la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, con base a sus atribuciones y facultades, actúe en relación a las graves violaciones a los derechos humanos del presente sexenio.