Eduardo Rivera Pérez reveló que decenas de municipios de todas las fuerzas electorales se han inconformado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Ley General de Comunicación, que supera la autonomía de los órdenes gubernamentales.
Además, aclaró que el gobierno de la ciudad fue de los primeros en levantar mano para revisar llevar el caso al tribunal supremo de México.
Precisó que fue a través de la Sindicatura de Guadalupe Arrubarrena García que se actuó en tiempo y forma ante la SCJN.
Recordó que la Ley General de Comunicaciones exige que únicamente, los gobiernos municipales pueden destinar el 0.1 por ciento de su presupuesto a temas de comunicación social.
Pero puntualizó que la Ley en el artículo 115 constitucional marca claramente la autonomía de los gobiernos municipales en diferentes panoramas, como es gastos públicos.
Bajo esa perspectiva, acentuó que el Congreso de la Unión debe ser respetuoso con los órdenes de gobierno de la nación que arropan el federal, estatal y municipal, además de las decisiones que toman las y los regidores de todo el país.
"Únicamente queremos expresar que (en San Lázaro) se nos respete la decisión de los ayuntamientos sobre el ejercicio del gasto en función de su autonomía municipal”.
El alcalde de Puebla capital precisó que se trata de imponer un porcentaje del gasto para el tema de comunicación social, independientemente del porcentaje: "espérate tantito Congreso de la Unión, porqué hay órdenes de gobierno qué se deben de respetar", dijo.
"La misma ley establece la autonomía de los gobierno municipales en diferentes situaciones, entre ellas, el gasto público”, recapituló.
Valoró que decenas y hasta cientos de municipios que presentaron la controversia están esperando la suspensión para que no entre en vigor la Ley General de Comunicación.
"Los ministros tendrían que resolver, desahogar, y si esta reforma esta apegada a derecho, es constitucional o no”.
