“La privatización fracasó”, sentenció el colectivo Defensa Colectiva del Agua, al señalar que la empresa privada Agua de Puebla para Todos no la cumplido el saneamiento en una década, por lo que ya debe a los poblanos 4 mil millones de pesos.

En un posteo de su cuenta de X, lo acompaña de un vídeo donde se aprecia un río de Puebla altamente contaminado a simple vista, lleno de espuma.

“Nos ha cobrado durante 10 años el saneamiento pero no lo hace. ¡La empresa nos debe a los poblanos más de 4 mil millones de pesos por no sanear!”, advirtió la organización con dicho video en su cuenta de X.

En los últimos años el colectivo ha documentado y publicado en redes sociales desde fugas de agua potable y negras, hasta las constantes quejas y protestas por el mal servicio de la concesionaria.

Apenas esta semana el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) ente regulador de la concesionaria, amplió hasta 2040 la concesión empresa Acuapue para el saneamiento de aguas de tres parques industriales.

Todo a pesar de que el colectivo ha denunciado que la firma incumple el saneamiento del líquido y permite la descarga de agua contaminada al río Alseseca.

El Soapap solicitó al Congreso de Puebla avalar la permanencia de esa firma 10 años adicionales a las dos décadas inicialmente habían sido acordadas y firmadas.

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Poder Legislativo respondió al Soapap el viernes pasado que el expediente remitido estaba incompleto, por lo que le solicitó subsanar deficiencias para estar en condiciones de iniciar la revisión del tema.

En julio pasado, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito negó un amparo que promovió Agua de Puebla, por lo que tendrá que hacerse cargo del saneamiento de aguas residuales y presentar un informe de ello.

Al respecto, el Colectivo por el Bienestar Social informó como legal la medida cautelar que otorgó el Juzgado Quinto de Distrito, la cual obliga a la empresa a dar el servicio de saneamiento del vital líquido para evitar contaminación y un foco de infección que perjudique a la población en general.

La organización civil también dio a conocer que la concesionaria solicitó que no se hicieran públicos los informes de saneamiento que deben de presentar cada mes, argumentando que se trata de información confidencial.