Las cuentas públicas de los actuales presidentes municipales e incluso el nombramiento del próximo titular de la Auditoría Superior del Estado recaerá en manos de las y los próximos diputados.

La ineficiencia de Francisco Romero y Amanda Gómez Nava, quienes antecedieron a Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, actual encargado de despacho en la ASE, generó un retraso en la revisión de los ingresos y gastos de 253 sujetos obligados.

De ahí que la prórroga solicitada sea una carambola de varias bandas porque le darán un poder y una fuerza política a la próxima legislatura. Sus integrantes, que iniciarán actividades en septiembre de este año, habrán de nombrar al futuro auditor o auditora. Y esperemos que esta vez sea alguien que al menos nos pueda explicar cómo se integra la cuenta pública.

Porque justamente en las manos de la persona que seleccione el Poder Legislativo estará la revisión de las cuentas públicas de los años 2022, 2023, 2024 y los que se agreguen. Delicada tarea.

Por ahora, la fiscalización de los 253 entes, repartidos entre los tres Poderes del estado -Judicial, Legislativo y Ejecutivo- se encuentra en una pausa, una tregua.

La Auditoría Superior del Estado tiene hasta el 30 de septiembre para entregar los dictámenes de las cuentas públicas del período 2022 y lo que está pendiente de 2023, que en teoría ya debe de estar en revisión.

Sin embargo, esta legislatura, que suma más de una docena de suplentes, terminará su trabajo en el Pleno dos meses antes, el miércoles 31 de julio, junto con el Tercer Periodo del Tercer año legislativo.

Aunque podrían sesionar de manera extraordinaria, se ve casi imposible que antes del 14 de septiembre, fecha en que vence su “compromiso” legislativo, las y los diputados actuales revisen los dictámenes que pudiera enviarles la ASE.

Luego entonces, será la siguiente, la LXII Legislatura quien se encargue de revisar todo el rezago.

La tregua

La ley establece que a más tardar el último día hábil de abril, la ASE tiene que entregar los dictámenes al Congreso y el Pleno dará vista. Actualmente hay una revisión de cuentas públicas por parte de la Unidad de Control, sin embargo, hay que recordar que en marzo pasado, el encargado de despacho solicitó a los diputados una prórroga de cinco meses.

Ante la comisión, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, detalló que el retraso en la fiscalización se debía al tiempo invertido en el proceso de entrega-recepción.

Dicho proceso no fue terso, recordemos que Amanda Gómez Nava fue prácticamente renunciada del cargo de auditora y al parecer dejó un desorden.

Así las cosas, la prórroga también puede entenderse como una tregua, una bandera blanca, para evitar que la información de las cuentas públicas sea utilizada con fines electorales, a favor o en contra.

Ni más ni menos.