Salvo Venustiano Carranza y Chignahuapan, el resto de los municipios poblanos (215) ya cuentan con una autoridad electa. En teoría los nuevos presidentes municipales pueden comenzar con la organización de su gobierno.
Sin embargo, existen ayuntamientos, algunos de ellos con un número importante de habitantes o con gran participación económica en el PIB del estado, que cuentan con una sombra.
San Pedro Cholula, Tlahuapan, San Martín Texmelucan, son sólo una muestra de los municipios en donde se impugnaron las elecciones y cuyos reclamos llegarán a los tribunales.
En casos extremos, los magistrados podrían confirmar que las irregularidades que se presentaron, sumadas a la corta diferencia entre el primer y segundo lugar, son motivos para anular la elección y así, el próximo 14 de octubre dichos ayuntamiento quedarían sin autoridades electas.
Aunque la ley prevé la colocación de Consejos, el tema es que repetir un proceso electoral, además de costoso, genera nuevas tensiones y pausa el desarrollo de dichas demarcaciones.
Con el transcurrir de las próximas semanas tendremos claro cuántos son los municipios que quedan en el supuesto que hemos planteado y cuáles se ratificarán.
Ni una menos
Socorro N., fue asesinada ayer en un aparente asalto a un autolavado del municipio de Izúcar de Matamoros.
La inseguridad en el ayuntamiento que gobierna Irene Olea es constante. Una de las razones por las cuales la morenista no alcanzó la reelección fue justamente el hartazgo de los habitantes por los hechos violentos.
Socorro N., era titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género en el municipio y contaba con protección porque era una de las personas de la lista de testigos protegidos por el Caso Izúcar.
La audiencia inicial por el caso de la agresión contra dos mujeres periodistas, por parte de la policía municipal en marzo de 2023, está programada para el próximo lunes 24 de junio. En ella se esperaba la declaración de Socorro N.
El asesinato de la testigo no puede ni debe verse como un hecho aislado de inseguridad, existen elementos para entender que alguien busca mantener la impunidad que por más de un año ha impedido que los elementos que agredieron a las periodistas continúen trabajando en la corporación que dirige Irene Olea, incluso poniendo en riesgo a la población de todo el municipio.
Resta ver si esta vez sí realizan la audiencia inicial o continúan postergando el juicio que, en teoría, debería brindar justicia pronta y expedita a las víctimas.
