Los centros educativos siempre fueron el espacio más seguro para los alumnos, pero ahora, hay espacios de oportunidad para la inseguridad, donde no funcionan los consejos de participación social en la educación, que son un fraude.

Así lo aseguró la presidenta de la Federación Nacional de Padres de Familia (FENAPAF), Aurora González de Rosas, “es un proyecto que en su momento fue muy bueno, pero recibieron recursos exagerado como apoyo”.

Por eso, reconoció, se convirtieron en un despilfarro y de nada sirvió el programa, creado por decreto presidencial, “y hoy no hay nada de eso y en ese aspecto falta mucho que hacer”.

Cuando las autoridades vieron que manejaban dinero y ya no les gustó, aseguró, dejaron de apoyar esa figura que hoy es obsoleta, “hay falta de responsabilidad de los padres de familia y de los profesores, el trabajo es de todos”.

Recordó que, en el pasado, se aplicó el operativo mochila en escuelas públicas y particulares, modelo que funcionó de manera efectiva pero que después despareció.

Sin embargo, González de Rosas, dijo que, la inseguridad ha ido en aumento, porque la atención y prevención se han ido mermando, “cada día los niños están más desprotegidos, antes había un incidente de manera esporádico, pero hoy se vive muchas cosas vandálicas cerca de las escuelas”.

La presidenta de la FENAPAF afirmó que, cada vez son más frecuentes los casos en que les roban las mochilas y los útiles escolares a los alumnos, pero no hay medidas que permitan combatir ese fenómeno en los alrededores de los centros educativos.

Por eso, dijo, “vamos en un total retroceso como sociedad, porque la inseguridad al interior de las escuelas va en aumento”.

Aurora González, dijo que los padres de familia no ponen atención a temas tan importantes como investigar de qué forma el niño adquiere elementos que les sirven de armas y con ello, buscan dañar a sus compañeros.

Incluso, dijo que, en casos extremos, llegan a obtener algunas armas y en las escuelas no se investiga la forma en que llegó a ellos, quién se las da ni cómo les llegó.

Las revisiones, dijo, las tienen que hacer desde dos frentes, desde los comités de padres de familia y desde la autoridad escolar, porque hay responsabilidad compartida.

Incluso, señaló que, cuando se presenta un caso de uso de armas u otro tipo de instrumento, las autoridades escolares, no quieren dar el nombre de la escuela y en su visión de no manchar el nombre de la institución, caen en el problema de ocultar los hechos.

“No quieren que se difunda, pero no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que ser bien directos de lo que pasa en muchos recintos escolares”.