El tema del aborto en Puebla prevalece una omisión legislativa y por ello, se debe acceder a un tipo de garantía de derechos humanos, porque es un tema que le asiste a las mujeres, explicó el abogado Julio Santos Lozano.
En entrevista con Intolerancia Diario, el académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), detalló que el gran problema es la reforma a la Ley General de Salud de Puebla, porque ahí debe establecerse todos los protocolos mecanismos y procedimientos, que se tienen que llevar a cabo para tener el acceso público al ejercicio del aborto.
En ese sentido, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció al respecto, pues les allanó el camino a los legisladores y dejó el tema solo para que legislen.
"Ante el pronunciamiento de la SCJN lo único que tienen que hacer es legislar, aunque si legislan no quiere decir que van a aprobarla sino establecer el mecanismo de discusión legislativa para que una mayoría decida sí o no”.
“Va a venir una discusión, no creo que no se vaya a aprobar, la tarea es muy grande, porque hablamos de despenalizar el aborto, eso lo omitimos del código penal, omitimos las sanciones hasta por 12 semanas de gestación”.
El litigante explicó que todo es un conjunto que se tiene que analizar, sin embargo, reconoció que el Poder Legislativo lo está postergando y entre que valora los costos políticos porque mucha de la sociedad no esté de acuerdo con este tema.
Mientras eso sucede, el abogado reveló que las mujeres están yendo a abortar a la Ciudad de México, generando un fenómeno de migración médica, hecho similar con la comunidad LGBT que querían contraer matrimonio y no lo podían hacer en Puebla porque no estaba legislado.
“Lo mejor que pueden hacer las mujeres que deciden abortar es ir a hacerlo a la Ciudad de México, que ya está legislado y controlado sanitariamente y aquí, lo peor de todo es que se hace en clínicas clandestina, es un fenómeno recurrente que se lleva a cabo, pero el problema es que nos tapamos los ojos”.
Santos Lozano dijo que es una mentira decir que no existe, porque se sigue realizando y representa un riesgo muy grande para las mujeres, porque detona en enfermedades, en infecciones y en daños irreversibles a la salud.
El académico del ICI reiteró que es una decisión muy difícil y son complejas las consecuencias, por eso, el sistema sanitario debe explicar todos los pro y contras de la decisión.
"Para interrumpir el embarazo se debe hacer hasta las 12 semanas, pero es costosa, por eso, lo mejor es estar informado, porque hay periodos donde la pastilla y un procedimiento no invasivo puede dar resultados, pero después tiene que haber procedimiento quirúrgico".
Finalmente, explicó que la propuesta tiene que ser una decisión de salud pública, donde el Estado tiene que proporcionar las estrategias, es algo que tiene que atender la salud pública.
