"Una vez aprobada la interrupción legal del embarazo en el Estado de Puebla, el gobierno necesitará de muchos recursos para echar a andar la infraestructura que se requiere para que sea un servicio eficiente para las demandantes", reveló el analista jurídico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Julio Santos Lozano.

En entrevista con Intolerancia Diario, dijo que, en la actualidad no se tienen los suficientes recursos para atender a las mujeres que lleven a cabo el ILE.

“No hay instalaciones ni los insumos, por eso, el Estado poblano le rehúye a entrarle y tomar esos casos, aplican una política moralina y tienen temor de voto de castigo”.

Rumbo al proceso electoral del 2024, todas las bancadas del Congreso del Estado de Puebla cuidan que no tengan que pagar el costo político, “aplican una política moralina y tienen temor que se los cobren en las urnas”.

Desde su perspectiva, los legisladores de las diferentes fracciones de los partidos políticos poblanos, miden el costo político, por eso les preocupa lo que va a pensar el ciudadano, porque se acerca el proceso electoral.

“Van a volver a vetar este asunto de legislar sobre el aborto, lo mandarán al cajón de asuntos sin importancia, pasó lo mismo con el matrimonio igualitario, pero vino la acción de inconstitucionalidad, no hicieron caso, había omisión legislativa”.

Por eso, reiteró que tuvo que hacerse otra acción de inconstitucionalidad que ya venía con sentencia, por lo que, le pararon y legislaron, se les obligó, “pero en este caso se les debe obligar a hacer su tarea legislativa”.

En ese sentido, expuso que a los diputados poblanos no se les está pidiendo algo indebido, porque igual y no lo aprueban y es muy válido, “legislar es que se pongan a hacer su tarea y no quiere decir que sea aprobado en consecuencia, pero vamos a tener esta argumentación legislativa, la exposición de motivos, para que se aprueba o no”.

El académico de esa institución educativa dijo que, pueden o no estar de acuerdo que expongan sus motivos, sin embargo, recordó que el tema del aborto fue largamente pospuesto por la izquierda que gobierna el país.

Señaló que estos protocolos se tienen que seguir en la Ley de Salud, porque es válido que una mujer aborte una vez, pero si viene una segunda y tercera, hay una desorientación en la salud pública.

Santos Lozano, recordó que la salud pública es el interés general de los ciudadanos, por eso, el tema del aborto debe verse como un tema de salud pública, “no tiene vuelta de hoja porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció, por eso, se ejecuta porque se ejecuta”.

La sentencia de la Suprema Corte es una ley y es vinculante, por eso, recordó que, hay un tema de los médicos que se llama objeción de conciencia, porque alguien como médico no tiene que hacer ese tipo de prácticas.

La objeción de conciencia es la excepción individual que solicita el personal médico profesional y de enfermería adscrito al sistema nacional de salud, dentro del ámbito de sus competencias, para excusarse de realizar un acto médico en el que está directamente involucrado, que cuenta con sustento científico, legalmente aprobado y jurídicamente exigible.