A partir de este lunes, las escuelas de todo el país se enfrentan a un cambio significativo en sus entornos alimenticios, tras la publicación del "Manual de Alimentos en las Escuelas" por parte del Gobierno Federal, quedan establecidos nuevos lineamientos que buscan mejorar la salud de millones de estudiantes.

Este reglamento, fundamentado en criterios nutricionales rigurosos, pretende frenar la creciente ola de obesidad infantil y otros padecimientos derivados de la mala alimentación.

La implementación de estas medidas responde a estudios recientes que reflejan un alarmante aumento en los índices de sobrepeso y enfermedades crónicas en menores.

En un país donde la comida ultraprocesada y las bebidas azucaradas son fácilmente accesibles, las autoridades han decidido establecer un punto de inflexión.

Alimentos permitidos

Solo podrán comercializarse alimentos que cumplan con estándares específicos de contenido calórico, azúcares, sodio y grasas.

La lista permitida incluye frutas y verduras frescas, las cuales deberán ser ofrecidas preferentemente enteras y sin aditivos.

Los productos lácteos bajos en grasa, como leche descremada, semidescremada o yogurt natural con bajo contenido de azúcar, también forman parte de las alternativas aprobadas.

El manual destaca además la importancia de promover alimentos integrales.

En este sentido, se permitirá la venta de galletas o panes elaborados con harinas integrales, siempre que estén libres de azúcares añadidos.

Asimismo, el agua potable se posiciona como la principal opción de hidratación para los estudiantes, relegando a un segundo plano cualquier bebida que contenga azúcares añadidos.

Productos prohibidos

En contraposición, la normativa prohíbe categóricamente la venta de refrescos y bebidas azucaradas, considerados como los principales responsables del consumo excesivo de azúcar en menores.

Alimentos ultraprocesados, caracterizados por su alto contenido calórico y escaso valor nutricional, tampoco tendrán cabida en las instituciones educativas.

La medida se extiende a dulces, botanas con exceso de sodio y productos que contengan grasas trans, ingredientes señalados por múltiples estudios como perjudiciales para la salud infantil.

Puebla: cifras alarmantes

El estado de Puebla no escapa a esta problemática nacional. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares poblanos alcanzó el 29.2%, mientras que en preescolares fue del 8.3%.

Estos porcentajes reflejan una realidad preocupante en un estado donde el acceso a comida ultraprocesada es común y frecuente.

Más recientemente, entre enero y agosto de 2022, la Secretaría de Salud diagnosticó a 30,822 infantes de cero a cuatro años con problemas relacionados con la desnutrición y la obesidad.

Estos casos se concentraron principalmente en la capital poblana, exponiendo la desigualdad en la calidad de vida y acceso a alimentación saludable.

Especialistas aseguran que uno de los factores determinantes en este fenómeno es el sedentarismo infantil, con un 51.6% de adolescentes poblanos identificados como inactivos físicamente.

Estos datos subrayan la urgencia de implementar medidas como las establecidas en el "Manual de Alimentos en las Escuelas".

Visión a futuro

El objetivo de estas disposiciones no se limita a mejorar la calidad de los alimentos disponibles en las escuelas.

Según el documento oficial, también se busca inculcar hábitos saludables desde edades tempranas. Autoridades educativas y de salud trabajarán en conjunto para supervisar el cumplimiento de estas normativas, con inspecciones regulares y un esquema de monitoreo permanente.

Además, se plantea la posibilidad de actualizar el manual conforme se obtengan resultados y se detecten áreas de mejora.

"Esto no se trata de una medida estática, sino de un esfuerzo continuo por garantizar el bienestar de nuestros niños", destacó la Secretaría de Educación Pública en un comunicado.

Desafíos

Sectores comerciales dedicados a la venta de alimentos en escuelas expresaron preocupación por la disminución de sus ingresos. Para ellos, la normativa implica una reestructuración completa de su oferta, un desafío que no todos están dispuestos o preparados para asumir.

Las autoridades federales han asegurado que se mantendrán abiertas al diálogo con todos los actores involucrados, buscando garantizar una implementación justa y equitativa. "No se trata de perjudicar a nadie, sino de proteger a nuestros niños", argumentó el subsecretario de Educación Básica.

A largo plazo, el verdadero reto será mantener este esfuerzo constante y adaptable a las necesidades cambiantes de la población escolar.