Pegasus y #GobiernoEspía se convirtieron en tendencia este lunes tras la publicación paralela de un reportaje del periódico The New York Times y el informe especial sobre espionaje presentado por la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con ARTICLE 19 y SocialTIC. 

A través de un software malicioso (malware) llamado Pegasus, el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto espió a periodistas y defensores de derechos humanos durante 2015 y 2016 por medio de sus teléfonos celulares, tal como sucedió en el gobierno de Rafael Moreno Valle durante 2014 con el virus Galileo de la empresa italiana Hacking Team. 

De acuerdo con el documento de los representantes mexicanos, se documentaron 76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus entre enero de 2015 y julio de 2016, éstos casos se suman a los 12 registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria en 2016.

“En los últimos años, se ha reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia”, señala el reporte #GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, publicado este lunes.

¿Cómo opera?

El instituto Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá detalló el proceso de espionaje. Se envía un mensaje de texto (SMS) al Smartphone o teléfono inteligente de la persona que se desee vigilar; dicho mensaje incluirá un enlace externo, por ello se colocan textos provocadores, de tragedia o que se consideren de interés para la víctima.  

De realizarse correctamente la "ingeniería social" y una vez que el objetivo ingresa al enlace el navegador redirige a alguno de los sitios en internet de NSO Group, y de inmediato se instala Pegasus en el teléfono móvil. 

Después de ello, quien envió el malware cuenta con acceso a los archivos del dispositivo, como videos, fotografías, mensajes, emails y lista de contactos. Además puede activar la cámara y el micrófono en cualquier momento, lo que permite observar y localizar a la persona espiada. 

Cada una de las instalaciones exitosas del programa, que es difícilmente rastreable, cuesta unos 77 mil dólares americanos, reveló The New York Times.

Condenan violación 

Desde el Centro Prodh hasta Amnistía Internacional condenaron, a través de comunicados, la violación a la privacidad de las personas.

“Esta nueva evidencia confirma que periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos mexicanos son blanco de prácticas ilegales diseñadas para interferir y obstaculizar su trabajo. Estos hallazgos son consistentes con las investigaciones previas de Amnistía Internacional y muestran un claro patrón de uso ilegal de la tecnología en un intento de controlar cualquier crítica contra quienes están en el poder”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Considerando los 29 años de invaluable trabajo del Centro Prodh en defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad, y ante las evidencias del espionaje en el contexto de la defensa de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en este sexenio, como Ayotzinapa, Tlatlaya y Atenco, expresamos nuestro más contundente rechazo a estas acciones de hostigamiento y obstaculización contra nuestras hermanas y hermanos”, señaló en otro comunicado independiente el centro Jesuita.

Los espiados 

Entre los defensores que fueron atacados se encuentra personal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Del lado de los periodistas se encontraron nombres como: Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera y Carmen Aristegui. 

Presidencia lo niega 

A través de una carta escrita por el director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la República, Daniel Millán Valencia Millán y difundida a través de la cuenta de Twitter del coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández (@ESanchezHdez), el gobierno federal sentenció: “No hay prueba alguna de que agencias de gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”.

El texto de 3 párrafos y dirigida “para el editor” también exhorta a las víctimas a denunciar los hechos ante la Procuraduría General de la República.

“El respeto a la privacidad y a la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”, afirma el texto.

NSO Group, israelí 

La compañía NSO Group –fundada en 2010- es de propiedad estadounidense afirmó la BBC , quien agrega que la tecnología con la cual opera está basada en la experiencia –y el financiamiento- de la Unidad de Inteligencia de las fuerzas armadas de ese país. 

Actualmente está  valuada en más de 1 mil millones de dólares. 

De acuerdo con Forbes, durante la gestión de Ricardo Martinelli, la firma vendió Pegasus al gobierno de Panamá por 8 millones de dólares.    

Martinelli actualmente está siendo investigado por la compra y desaparición de equipos de espionaje de NSO Group y la firma italiana Hacking Team.

Abandonaron al gobierno 

El pasado 23 de mayo, 10 organizaciones sociales abandonaron el Secretariado Técnico Tripartita (STT), con el que opera en México la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Los activistas y especialistas denunciaron la inacción del gobierno federal tras revelarse el 11 de febrero pasado el espionaje al menos a 3 investigadores y defensores de la salud en México, entre ellos, quienes promovieron impuestos a los refrescos y trabajaban en la construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción / 2016-2018.

“El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el gobierno”, acusaron las organizaciones en un comunicado.

A detalle

El periódico Reforma reveló el 12 de septiembre de 2016 que el gobierno mexicano pagó 15 millones de dólares por el sistema Pegasus, adquirido por el entonces fiscal Jesús Murillo Karam en 2014 y 2015. La afirmación coincide con una supuesta puja entre Hacking Team y NSO Group, esta última firma israelí fue mencionada en uno de los correos filtrados de la italiana, fechado al 26 de agosto de 2014.