A unos cuantos día de que gobernador Miguel Barbosa Huerta anunciara la firma de un decreto en el que se les concedería el indulto a las mujeres presas por el delito de aborto, Jessica Pérez, activista de Ddeser e integrante de la Campaña por el Aborto Legal en Puebla, destacó que la noticia es un primer paso histórico para visibilizar el tema, “nos parece un primer paso muy importante en tema de acceso a la justicia”.

“El decreto es un primer paso, pequeño pero histórico, ningún gobernador antes se había metido en el tema porque sabemos que es un tema difícil, pero también es un tema que su partido (Morena) lo han tenido como bandera muchas veces, si bien no es un tema partidista, porque no nos están haciendo un favor, están para servir a las mujeres”.

Sin embargo, en entrevista para Intolerancia Diario, Jessica manifestó que el documento con el que las mujeres encarceladas recuperarían su libertad, no se ha hecho público para ninguna organización, de ahí que exista un desconocimiento sobre los puntos que plantea esta preliberación por indulto, “lo que se dijo es que era un decreto para liberar mujeres que estaban encarceladas por el delito de aborto”.

La activista agregó que son los gobiernos y las instituciones de Puebla quienes no brindan a las mujeres de las facilidades para decidir sobre la interrupción del embarazo, “en realidad, el indulto es un perdón que se le hace a la mujer, cuando quien le está fallando a ella es el estado, el estado es quien no le está brindando a ella las posibilidades de decidir sobre su propio cuerpo de una manera segura”.

Jessica Pérez recordó que, de acuerdo con solicitudes de información presentadas desde la campaña de aborto legal en Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabiliza de 2009 a 2018, 69 procesos legales en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, cifra que no coincide con los datos del Poder Judicial del Estado de Puebla donde existe el registro de 24 casos, de los cuales solo 11 recibieron una sentencia, “es un poco contradictoria la información que plantean”.

Subrayó que en materia legislativa sigue pendiente la iniciativa presentada por la diputada priista Rocío García Olmedo en la que se reforman los artículos 339, 340,341, 342 y 343 del Código Penal en los que se sanciona a la mujer que aborta.

“Sabemos que nuestro Código Penal todavía enmarca algunas consideraciones para imputar una pena como la mala fama de la mujer, que no sea fruto de un matrimonio, que haya logrado ocultar el embarazo, y las sentencias tienen que ver con esas características, lo cual es totalmente misógino y machista (...) es la propuesta de la diputada Rocío García Olmedo, justo las modificaciones de estos artículos”.

Aunque sostuvo que la iniciativa es para no encarcelar a las mujeres, “eso no quiere decir despenalizarlo, porque también creemos que despenalizar es que ya todas van a poder abortar en cualquier momento y no (…) lo que se busca es no criminalizar a las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo”.

Urge legislar para encarcelar a hombres que forzan un aborto

La activista e integrante de la ONG, Ddeser sostuvo que en Puebla hace falta legislar para castigar a los hombres que obligan a sus parejas a abortar, ya que en ocasiones son ellos los que buscan acabar con el embarazo sin medir las consecuencias médicas y a la salud de las mujeres.

“Los casos que hay de hombres procesados por delito de aborto, muchas veces son cuando asesinaron a su pareja, y ella (la mujer) estaba embarazada y entonces se les imputa el delito de aborto también, pero cuando un hombre obliga a una mujer a interrumpir un embarazo pocas veces es perseguido, cuando la mujer no muere”, comentó la activista.

Jessica Pérez reveló que desde la campaña por el aborto legal, han conocido casos de mujeres que vivieron el proceso de interrupción de embarazo, en medio de una relación llena de violencia, “muchas de ellas viven violencia por parte de su pareja (…) hay muchos casos de violencia en cubierta”.