A más tardar el 10 de marzo se abrirá finalmente el contrato con el que se concesionó el servicio de agua potable en la capital poblana, tras orden de jueces federales.

Lo anterior, luego de que el Instituto de Acceso a la información Pública (Itaipue), fuera doblegada en un juicio de amparo a revocar su primera resolución donde aprobaba la opacidad.

De este modo, en tribunales, el Colectivo Hermanos Serdán, logró ganar el juicio de amparo ante un colegiado, ante la insistencia del llamado órgano garante de la transparencia en Puebla de mantenerlo en la opacidad.

El expediente había sido clasificado o reservado por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) hasta el 2023, avalado por los comisionados de Itaipue ante un recurso de revisión de los solicitantes.

En primera instancia, el juez federal Manuel Rojas Fonseca, ordenó abrir el contrato, el que señaló, se ha mantenido opacidad aunque es de importancia pública.

En la resolución, señaló que el documento debe ser conocido por los ciudadanos, a pesar de que en una primera instancia se permitió una consulta incompleta.

Sin embargo, el Itaipue atacó dicha sentencia, la que tuvo que ser analizada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.

Finalmente a dos años haberse realizado la solicitud de información, el pasado 5 de febrero, dicho Juzgado dictó la resolución en el juicio de amparo 1660/2018–VI, en el que avala la resolución del juez.

En el resolutivo judicial, se señala entre las causas y candados impiden conocer la información eran “dolosas y equívocas”.

Rompiendo el candado

Luego de la orden del juez, el Itaipue, tuvo que revocar su misma resolución, para ordenar finalmente al Soapap, entregar completo el contrato de concesión.

Así lo explicó en entrevista a Intolerancia Diario, el representante del el Colectivo Hermanos Serdán, Gerardo Pérez Muñoz, al señalar que tiene como plazo hasta el 10 de marzo.

En caso contrario que no se entregue el documento completo, caerían en desacato judicial, lo que podría implicar destituciones y hasta prisión a funcionarios públicos.

En mayo del 2019, el Soapap, libró la entrega, luego de que Itaipue solo le ordenó justificar porque hacer público el contrato de concesión del servicio de agua.

En pleno, luego de la negativa del organismo de entregar el documento de concesión a la empresa Agua de Puebla para Todos o Concesiones Integrales, solicitado vía transparencia por un ciudadano, solo se ordenó lo señalado, pero no entregar el expediente.

Fue por unanimidad, los tres comisionados del Itapue aprobaron el proyecto de resolución y determinaron que Soapap debía justificar el daño que haría el revelar el documento y posteriormente supuestamente lo hizo, por lo que se cerró el caso, hasta que se interpuso el amparo.

Todo en referencia al expediente 54/SOAPAP-01/2019, en el cual el recurrente solicitó la copia contrato o convenio de concesión del servicio público de agua potable y alcantarillado del municipio de Puebla.

Bajo llave

El contrato realizado entre Concesiones Integrales o Agua de Puebla, tiene por lo menos seis años reservado a diversas solicitudes de información de ciudadanos y organismos civiles, incluso ante solicitudes de diputados locales.

Tanto el Itaipue, como el Sistema Operadora de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) clasificaron su información reservada  hasta 2023.

Hace cerca de tres años, una parte contrato fue entregado a la organización “Dale la Cara al Atoyac”, tras ganar también un juicio de amparo con folio 303/2017, por las afectaciones de contaminación del río Atoyac.

Posteriormente se supo que el documento entregado no fue revelado en su totalidad, al excluirse los términos bajo los cuales se firmó la concesión del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de Puebla y en municipios conurbados.

Se excluyeron de este modo, por ejemplo los anexos de las penalizaciones que aplicarían en caso de cancelar el contrato con Concesiones Integrales.

Lo que se sabe

Luego de que el contrato o título de concesión fue dado a conocer a medias el año pasado, se supo que en caso de extinguirlo, debería cubrirse una indemnización, pero sin dar cifras, las que supuestamente vienen en los anexos no entregados.

Sería la indemnización el equivalente al valor presente de los “Flujos Libres de Efectivo” que recibiría el concesionario del cese del contrato hasta el término de la vigencia del mismo.

El pago deberá cubrirse con cargo al Fondo de Contingencias, de ser insuficiente, con recursos del Fideicomiso de Administración, una vez que de éste sean descontados los honorarios del propio fideicomiso, las contribuciones fiscales, los gastos de operación.

En el Fideicomiso de Administración que debió crear la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla) se deberán recibir y administrar los ingresos totales por la operación del servicio de agua.

La concesión establece diversas causales para terminar el contrato, además del proceso de rescate, se considera el retiro por causa fortuita, la renuncia del concesionario, un acuerdo entre ambas partes.

Asimismo la revocación, ésta última aplica sólo si se comprueba que hubo incumplimiento de las cláusulas por parte de la empresa.

Entre las causas para la revocación se encuentran que no se pague al SOAPAP los adeudos y penalizaciones que establezca.

Asimismo que no mantenga la empresa el capital requerido e incumpla con sus obligaciones de inversión o que no mantenga la infraestructura en los términos requeridos por el Programa de Inversión y Mantenimiento.

De acuerdo con el título de concesión, al quinto año del contrato, Agua de Puebla debió invertir más de 3 mil 844 millones 196 mil 167 pesos en ese programa para mantener y ampliar la infraestructura.

La contraprestación mensual para el estado por los recursos recaudados es del 5 por ciento del total obtenido por la prestación del servicio, sólo en caso que los ingresos sean mayores a los proyectados, la contraprestación se incrementaría al 10 por ciento para el estado.

Es decir, la empresa Concesiones Integrales obtiene y opera el 95 por ciento de las ganancias totales por la prestación del servicio.