El Tribunal de Enjuiciamiento con Competencia Estatal, radicado en la ciudad de Puebla, declaró este martes culpable a Javier N. por el delito de violencia familiar en agravio de la abogada, activista y defensora de derechos humanos Cecilia Monzón Pérez.
Tras un extenso juicio oral iniciado en abril de 2024, y pese a los diversos intentos por parte de la defensa del acusado para retrasar el proceso mediante recursos legales, el tribunal reconoció la responsabilidad de Javier N en los actos de violencia familiar cometidos contra la finada y víctima de feminicidio, Cecilia Monzón.
La audiencia de individualización de la pena quedó programada para el 30 de mayo, día en que se definirá la condena que enfrentará el imputado, conforme al Código Penal del Estado de Puebla vigente al momento en que se cometieron los hechos.
Justicia sin revictimización
En un comunicado difundido por la familia Monzón, se hizo un llamado firme al Poder Judicial del Estado de Puebla a actuar con perspectiva de género, garantizando que el resto del proceso se lleve a cabo de forma ágil, transparente y sin revictimización.
“El legado de Cecilia Monzón nos obliga a seguir luchando para que ninguna mujer en México viva bajo la sombra de la violencia de género”, señala el mensaje. También se agradeció el respaldo de organizaciones civiles, colectivas feministas y medios de comunicación que han seguido el caso desde el principio y que han mantenido viva la exigencia de justicia para Monzón.
La sentencia por violencia familiar, aunque no repara el daño irreparable causado con su asesinato, sí representa un avance en el reconocimiento institucional de los abusos que vivió y del contexto que antecedió su feminicidio.
La lucha
A la par de esta resolución judicial, continúa en proceso el juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón, crimen perpetrado el 21 de mayo de 2022.
En este expediente, el excandidato a gobernador está señalado como el autor intelectual del crimen o feminicidio.
La familia de Cecilia, junto con su equipo legal y la Fiscalía General del Estado de Puebla, han reiterado que se busca la pena máxima de 60 años de prisión para los responsables materiales e intelectuales.
Este nuevo paso en el proceso judicial reaviva el reclamo social de justicia integral para Cecilia y para todas las mujeres víctimas de violencia en el país.
Diversas voces se han pronunciado en redes sociales y espacios públicos, exigiendo que se garantice una sentencia ejemplar que siente precedente.
