El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, dejó sin vigor el Decreto del Área Natural Protegida Cerro Colorado, expedido en el año 2017 por su antecesor, Rafael Moreno Valle Rosas, por considerarlo arbitrario.
La decisión de la administración morenovallista afectó a los integrantes de 19 núcleos agrarios, quienes no pudieron trabajar sus tierras en los municipios de: Ajalpan, Chapulco, Nicolás Bravo, Tehuacán, San Antonio Cañada, Santiago Miahuatlán y Vicente Guerrero.
De acuerdo con Barbosa Huerta, el decreto fue arbitrario y un capricho de quien ocupaba la titularidad del Poder Ejecutivo.
“Desde que esto apareció como un acto de arbitrariedad, porque eso es lo que fue, un capricho de un gobierno que simple y sencillamente tomaba decisiones y violaba derechos (…) “Cuando se tomó esta decisión se violó el principal de los derechos en una afectación, en un litigio, la garantía de audiencia, el ser escuchado en defensa de uno para hacer valer los derechos correspondientes, y de ahí, todo lo demás”.
Para tomar la decisión de abrogar el decreto, la autoridad estatal confirmó que los ejidatarios no fueron considerados para la elaboración del área, tampoco fueron notificados de la declaratoria, menos fueron informados el programa de manejo y nunca se elaboraron convenios de colaboración entre los gobiernos federal y municipales.
El Área Natural Protegida Cerro Colorado abarcaba 33 mil 409 hectáreas, de las que 19 mil 511 pertenecen a campesinos, es decir, el 58.40 por ciento del total.
El decreto
En 2017, el Gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, decretó el área protegida con la finalidad de “posibilitar la sustentabilidad de los mantos acuíferos y freáticos del Valle de Tehuacán y propiciar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, promoviendo al mismo tiempo actividades científicas, educativas, recreativas, turísticas y culturales”.
La investigación en esa región estaba proyectada para generar conocimiento científico susceptible de ser aplicado dentro y fuera de los límites del área.
El turismo de bajo impacto, como la observación de aves y el ecoturismo, además de las actividades productivas enfocadas al sector terciario, también se encontraba entre las principales acciones.
Sin embargo, los ejidatarios no fueron informados de todo lo anterior, motivo por el que sostuvieron reuniones con las autoridades estatales, hasta que en 2020 fueron convocados por la administración barbosista para ser escuchados e iniciar la recuperación de sus tierras.