La Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene la obligación de pronunciarse sobre las irregularidades financieras encontradas en la administración estatal, afirmó el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Aunque aceptó que Amanda Gómez Nava, titular de la institución, podría estar impedida por ley a hablar sobre el tema – ya que fue secretaria de la Función Pública con el gobernador Miguel Barbosa Huerta –, dijo que el organismo no puede evitarlo.
“En el tema de Amanda hay que ver qué es lo que le impide o qué es lo que le permite la ley, tomando en cuenta que ella era funcionaria, pero ella, no la Auditoría. La Auditoría tiene la obligación de pronunciarse como tal y hay diferentes entes para dar respuesta a la sociedad de qué fue lo que sucedió”.
Sergio Salomón Céspedes Peregrina recordó que la ASE no depende de una sola persona y que parte de su función es rendir “cuentas de todos”.
A finales de julio de este año, la secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, dio a conocer que Puebla debía al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 722 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2019 y 2020.
La cifra se sumó a los 600 millones de pesos que la administración estatal invirtió en Accendo Banco y que no han sido recuperados, debido a que la firma financiera perdió su registro. En ambos casos, Amanda Gómez Nava nunca hizo observaciones.
