La Secretaría de Gobernación estatal interviene en el conflicto entre el ayuntamiento de Tecamachalco y la cementera Cruz Azul, que fue clausurada esta semana por carecer de permisos para operar en esta región del estado y es señalada por invadir 598 hectáreas de territorio.
Debido a ello, el titular de la dependencia estatal, Javier Aquino Limón, y el consejero jurídico, Jonathan Ávalos, tuvieron una reunión con los ediles de Tecamachalco, Alfonso Cid Machorro; y de Palmar de Bravo, Adán Silva Valeriano, así como con integrantes de la empresa cementera para atender las inconformidades y llegar a acuerdos con ambas partes.
Uno de los primeros acuerdos a los que se llegó durante el encuentro, es que se realizará una mesa de trabajo con la Consejería Jurídica, donde se hablará y revisarán los planteamientos, tanto de la empresa trasnacional como de los pobladores, a fin de llegar una solución “en el marco de la ley con respeto a la autonomía de los ayuntamientos”.
Fue el 17 de julio cuando el ayuntamiento de Tecamachalco clausuró un yacimiento de la cementera Grupo Cruz Azul, tras señalar que no tiene autorización para ampliar sus operaciones en este municipio.
En respuesta, la cementera anunció que interpondrá un amparo en contra del gobierno municipal de Tecamachalco, ya que argumentó la planta se localiza dentro de la región de Palmar de Bravo.
Desde su llegada a Puebla, campesinos han acusado que la cementera genera contaminación del agua y daña sus cultivos, incluso han sugerido que por su actividad los habitantes comenzaron a enfermarse, y que una nave de la cementera invade la reserva de la biósfera Tehuacán–Cuicatlán.
