Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, respondió que en su gestión “todo lo que se está haciendo es público”, frente a la petición de la diputada electa de Morena, Rosario Orozco Caballero, para que la Función Pública investigue el destino de los 6 mil 800 millones de pesos que su esposo el ex gobernador Miguel Barbosa Huerta invirtió en una institución financiera denominada Fóndika.
Entrevistado en las inmediaciones del Centro Expositor de la ciudad de Puebla donde se llevó a cabo un foro sobre la reforma al Poder Judicial, el mandatario se limitó a responder que debido a que desconocía la declaración hecha a la prensa por la legisladora, no podía opinar más.
“No tengo conocimiento de la declaración, pero todo se está haciendo conforme a la ley”, expresó ante la suposición de Orozco, respecto a que, al parecer, en 2023 el dinero se retiró de la financiera para “dispersarlo” a cuentas corrientes.
Por lo anterior, la viuda de Miguel Barbosa, dijo que resultaría pertinente la Secretaría de la Función Pública indague qué pasó con la inversión, dado que en recientes declaraciones del gobernador en turno, afirmó que regresó íntegra a las arcas estatales.
“Lo único que yo sé, es que había un ahorro que se estaba llevando, para ayudar a la cuestión de las pensiones del ISSSTEP, mi gran pregunta es (…) tengo entendido en el 2023 esa inversión se sacó y se dispersó, yo supongo, a cuentas corrientes, es interesante que se investigue qué se hizo, en qué se gastó todo ese ahorro que había”, declaró.
De paso, reveló que Puebla no fue el único estado que invirtió recursos públicos en Fóndika con el propósito de obtener una rentabilidad, sino que hubo más gobernadores que también lo hicieron.
“Era un fondo que se tenía, no era de destino, no hay desviación, era un ahorro que se tenía; desgraciadamente la financiera tuvo un problema mucho tiempo después de que se había presentado el dinero ahí, y no es el único estado en ese problema, hubo varios”, apuntó.
Sin rastro de piezas del Vaticano
De paso, Rosario Orozco reveló que el Gobierno de Puebla no ha podido regresar al Vaticano las piezas que fueron parte de la exposición “Descubriendo el Vaticano”, que se montó desde 2022 en el Museo Internacional del Barroco (MIB).
“Hasta el día de hoy parece que no han podido devolver esos tesoros al Vaticano, y ahí hay un conflicto que no se ha sabido, que nada se ha dicho, que se han guardado entre telones, pero ojalá también lo saquen ustedes en algún medio y el secretario de la Función Pública se entere de lo que está pasando, y no tengamos un problema con el Vaticano”, señaló la diputada electa.
A lo que el gobernador Sergio Salomón Céspedes respondió que “no ha sido por falta de voluntad del Estado”, sino por el procedimiento que tiene que llevar a cabo el área de Museos de Puebla.
“Yo espero que den cuenta pronto por parte de Museos de cuál es el estatus qué se tiene, pero no es por falta de voluntad del estado”, recalcó.
Inversión de Accendo Banco no necesitaba aval del gobernador
Antes de dar por terminada la entrevista, Orozco Caballero fue enfática en señalar que para la inversión de 600 millones de pesos al Banco Accendo no “necesariamente” se requería de la autorización del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta.
En medio de los señalamientos por el quebranto que causó a Puebla, la actual legisladora reviró que la entonces secretaria de Administración y Finanzas, Teresa Castro Corro, tenía amplias facultades para actuar, ya que se supone ella como el resto de los secretarios del gobierno estatal “buscaban lo mejor para Puebla”.
El 1 de junio de 2023, Castro Corro compareció en el Pleno del Congreso local y reconoció que no había certeza en la recuperación del dinero que se invirtió en Accendo, a petición del exgobernador.
Mientras que en junio de este 2024, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SPF), Juan Carlos Moreno Valle Abdala dio por concluida la investigación sobre la inversión fallida de los 600 millones de pesos a Accendo Banco, e informó que dos exfuncionarios de la gestión de Miguel Barbosa Huerta serían los responsables.
La conclusión es que hubo desvío de recursos y encubrimiento, de acuerdo con un dictamen que tiene el gobierno estatal, y que fue elaborado por peritos especialistas.
