El secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón reconoció un aumento en el número de linchamientos consumados durante los últimos cinco años, al reportar que el sexenio concluirá con 11 víctimas.

De paso, reveló que ya se tiene ubicadas a las personas responsables de exhortar a la comunidad de Atzitzihuacán para hacer justicia con propia mano en contra de tres hombres por el presunto robo y secuestro de una menor.

"En estos dos años hemos estado atentos a promover la actualización del protocolo de actualización para impedir los linchamientos", apuntó.

El secretario precisó que, si bien este 2024 disminuyó el índice de intentos de linchamientos, creció la cifra de víctimas, al pasar de 4 a 11 habitantes de 2023 a la fecha.

Recordó que el hecho más reciente fue el del sábado 7 de diciembre en el municipio de Atzitzihuacan, donde un grupo de más de 200 personas dio muerte a golpes y después colgó a tres presuntos secuestradores de un menor.

Ante ello, reiteró el exhorto a los presidentes municipales a estar alerta de la activación del protocolo para que la ayuda del gobierno estatal llegue a tiempo.

Avances en el caso Atzitzihuacán

Aquino Limón informó que la investigación de lo ocurrido en Atzitzihuacan está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que el caso no quede impune.

"Ya hay señalamientos contra algunas personas y en muchos casos ha habido denuncias y se da seguimiento, por eso hemos hecho hincapié en ello porque con eso se propician otros delitos", manifestó.

En este sentido, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina hizo un llamado a la población para que permitan que la ley se aplique, mientras que a los alcaldes pidió que actúen rápido para evitar tragedias.

Señaló que la "rumorología" que se da en los pueblos es un mal que se tiene que erradicar, ya que ha provocado que personas inocentes pierdan la vida al ser linchadas, como ocurrió hace unos años en el municipio de Ajalpan, donde se confundió a unos encuestadores con secuestradores.

“El llamado es para que la población permita que la autoridad cumpla con la aplicación de la ley cuando se registre algún tipo de delito en sus comunidades”, acotó.