El empresario Antonio Ramírez Rodríguez, hermano de Ricardo Ramírez, secuestrado y asesinado en los separos de la otrora Policía Judicial del Estado (PJE), a manos de agentes de la Subdirección Operativa Metropolitana, tres de ellos con sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dos a 36 y un tercero a 41 años de cárcel respectivamente, prepara demanda por el pago de la reparación del daño en contra de todos los implicados en el caso.

Ramírez Rodríguez, sobreviviente del 31 de enero del 2008, cuando también fue secuestrado junto con su hermano pero pudo escapar, dijo que entrevista que se prepara para interponer demanda civil contra la Procuraduría General de Justicia (PGJ), de cuando era procuradora la maestra Blanca Laura Villeda Martínez, por el daño provocado a su hermano, a la esposa de este y a los hijos de ambos, luego de que el difunto era quien llevaba el sustento de su familia.

Ricardo Ramírez Rodríguez fue detenido en forma injustificada por agentes al mando del subdirector José Gabriel Gaspariano Mora, sin que hubiera alguna orden legal; fue privado de su libertad, torturado y asesinado, además de que la PGJ ocultó durante dos días el cuerpo, lo que generó que tres de los implicados José Días Salinas, Edgar Rolando Contreras Chang y José Carlos López Quiterio, fueran sentenciados por el Juzgado Primero de Defensa Social.

Esta misma sentencia no solo fue confirmada por la Tercera Sala Penal del TSJ, sino que además los magistrados Manuel Ríos Torres, Margarita Gayoso Ponce y Fernando Humberto Rosales Bretón —siendo el primero de ellos el ponente—, anexaron el pago de la reparación del daño a los familiares de la víctima, pago que se debe efectuar mediante una demanda civil, aunque esta intenta alcanzar a otros implicados en el caso.

De acuerdo al informe del crimen del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez, todos los que estuvieron implicados en el caso son:

La maestra Blanca Laura Villeda Martínez, cuando era la Procuradora General de Justicia; Rodolfo Igor Archundia Sierra, en ese momento subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Roció Montero Valencia, directora de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, Ricardo Herrera Zaldívar, agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Mesa de Trámite Sur, José Luis Flores Contreras y Chertikin, médico legista del Tribunal Superior de Justicia.

La médico criminalística María del Carmen Castaneira, el perito fotógrafo José Felipe Cuautlayo Castellanos, el de dactiloscopia José Guadalupe Castillo García, el subdirector Operativo de la PJE, José Gabriel Gaspariano Mora, el comandante que en ese momento se encontraba de guardia en las instalaciones de la PGJ, lo mismo que los agentes que tenían bajo su resguardo las instalaciones destinadas para separos.

Los detalles de esa demanda civil, además de quienes la van a encabezar se dijo que se daría en los próximos días.