En diciembre de 2010 el agraviado se presentó ante el representante social para manifestar que meses antes había adquirió una camioneta tipo Urvan del servicio público, en la cantidad de 170 mil pesos, sin embargo días después recibió un documento donde le notificaban que la unidad estaba involucrada en un supuesto hecho de tránsito.
Al acudir a la agencia del Ministerio Público para aclarar lo anterior, fue abordado por Juárez Morales, quien se identificó como abogado litigante, además de mencionarle que conocía su caso y que debía dejarle la unidad y firmar un documento para que él se hiciera cargo de todo.
Cabe señalar que más tarde el denunciante tuvo conocimiento que su unidad se encontraba en posesión del abogado y que el documento que había firmado era un acuerdo para la entrega de la unidad, además de que el percance en el que supuestamente se encontraba involucrada la misma nunca existió.
Luego de estos hechos, la autoridad ministerial consignó la averiguación previa al juez penal quien determinó que existen elementos suficientes en contra de dicho sujeto, por lo que más tarde obsequió la orden de aprehensión correspondiente.
En atención al mandato de captura, agentes ministeriales ubicaron y detuvieron a Armando Juárez Morales en las inmediaciones de la colonia Amalucan, y posteriormente lo trasladaron al Centro de Reinserción Social de San Miguel quedando a disposición del juez quinto penal, bajo el proceso penal 8/2010.