Ambientalistas salvadoreños calificaron hoy de “falsas” las hipótesis de la Fiscalía y la Policía sobre los asesinatos de cuatro activistas opuestos a la minería metálica, que los relacionan con rencillas familiares y comunitarias.
Luis Rodríguez, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, dijo que las versiones de las autoridades son “falsas y cómodas”, y demandó investigar a profundidad las denuncias.
La Mesa Permanente exige indagar los asesinatos de los activistas, que considera relacionados con la actividad de la empresa minera canadiense Pacific Rim, cuyo plan de explotación enfrenta gran oposición en el departamento central de Cabañas.
La denuncia de los ambientalistas se avivó tras el crimen perpetrado por desconocidos el 3 de junio pasado contra Juan Francisco Durán Ayala, un activo integrante de la Mesa Permanente.
Los otros asesinatos que la Mesa Permanente considera ligados a la problemática de la minería se registraron entre 2008 y 2009, contra Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto, quien estaba embarazada.
Sólo el caso de Rivera –principal dirigente de la Mesa Permanente– ha sido judicializado ante la presión de las comunidades y organizaciones ambientalistas, pero a juicio de Rodríguez, las condenas contra dos personas no son convincentes.
El fiscal general, Romeo Barahona, y el subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, desvincularon los casos de la minería al hablar la víspera ante la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa.
Rodríguez insistió que los asesinatos de los ambientalistas tienen características de ajusticiamiento por parte de sicarios pagados.
“Conocemos el actuar, y por experiencias en otros países el actuar en donde se instalan las empresas mineras es el mismo y nuestro país no es la excepción”, dijo Vidalina Morales, habitante de Cabañas.
Los comunicadores de Radio Victoria, que mantienen una ardua campaña en contra de la explotación minera, también denunciaron amenazas de muerte a través de anónimos y de seguimientos.
Pacific Rim, que mantiene una demanda millonaria contra el Estado salvadoreño por haber detenido sus proyectos en Cabañas, rechazó los nuevos señalamientos y dijo que “nuevamente y por tercera vez, se nos está maliciosa y falsamente relacionando con un hecho reprochable”.
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