Al menos 90 personas resultaron heridas y 142 fueron detenidas hoy en Estambul durante enfrentamientos entre la policía y manifestantes que desafiaron la prohibición de manifestarse en la emblemática plaza Taksim con motivo del Día del Trabajo.
La policía utilizó cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a manifestantes que intentaban avanzar hacia la céntrica plaza Taksim, escenario el año pasado de las protestas contra el gobierno del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.
La oficina del gobernador de Estambul, Hüseyin Avni Mutlu, precisó que 90 personas resultaron heridas, 19 de ellas oficiales de la policía, sin contar a aquellos que fueron atendidos fuera de los hospitales.
Los primeros enfrentamientos se registraron en los barrios de Sisli y Besiktas, ambos a unos dos kilómetros de Taksim, donde las fuerzas de seguridad bloquearon con blindados las marchas de los sindicatos.
Poco después, los choques entre la policía y los manifestantes se extendieron a 14 puntos distintos de la ciudad de Estambul, según el diario turco Hürriyet.
Todos los accesos a la plaza Taksim fueron cerrados con vallas metálicas y la policía sólo permite el acceso a los residentes o a quienes trabajan en la zona, mientras el transporte público fue interrumpido en la inmensa ciudad de más de 13 millones de habitantes.
El gobernador de Estambul había advertido la víspera que iba a impedir cualquier intento de manifestación en la plaza Taksim, alegando amenazas de “grupos terroristas” que habrían planificado altercados en la célebre plaza.
Los cuatro sindicatos convocantes de la manifestación reconocieron que el fuerte despliegue policial (unos 40 mil elementos) ha hecho imposible el objetivo de llegar hasta Taksim y denunciaron la actitud del Ejecutivo.
“Hay una ley marcial de facto, peor que en los tiempos del régimen militar de 1980” , denunció el presidente de uno de los sindicatos , quien destacó que incluso se ha vulnerado el derecho a la libre circulación de personas.
Los sindicatos, incluida la Confederación de Sindicatos Progresistas y la Confederación de Sindicatos del Sector Público, consideraron que las medidas del gobierno son incompatibles con las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH ), que garantiza la libertad de reunión.
