El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Parlamento de Guatemala aprobó endurecer las penas por el aborto en el país, además de prohibir el matrimonio igualitario.

De los 160 legisladores que tiene el país vecino, 101 votaron a favor de la llamada “Ley de Protección a la Vida y la Familia”, la cual contempla modificaciones al Código Penal de Guatemala, así como diversas medidas.

El Parlamento de Guatemala aprobó la ley que tiene entre sus modificaciones legales, el aumento de pena para las mujeres de aborten, pasando de tres a diez años de prisión, con la excepción de que la vida de la madre corra riesgo alguno.

Además, la ley elevó de 12 a 50 años de prisión para las personas que practiquen un aborto sin consentimiento y que en el proceso, la mujer muera.

Además, dicha legislación identificada como 5272, prohíbe el matrimonio igualitario, prohíbe que las escuelas del país enseñen sobre la diversidad sexual para evitar la "desviación" de ideología entre los menores.

Además, Guatemala se declaró "la capital pro-vida" de Iberoamérica, hecho que tuvo un evento multitudinario encabezado por el presidente de aquel país, Alejandro Giammamitei. 

Especialistas en materia LGBT y protección para las mujeres expresaron su preocupación por esta ley, al señalar que además de discriminatoria contra este sector, puede criminalizar a las féminas, principalmente aquellas que sufran un aborto accidental.