Por negarse a reconocer la paternidad de un menor que hoy cuenta con 6 años de edad y cumplir con sus obligaciones, como lo marca la ley, fue denunciado ante el Juzgado de lo Civil y Familiar de Tecamachalco el presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde.
En la denuncia —enviada a Intolerancia Diario—, la agraviada, Karina Fernández Patricio, asegura que el alcalde y también empresario Pablo Morales Ugalde hace uso del tráfico de influencias para alargar el proceso legal que demuestre la paternidad del menor que procrearon entre ambos.
“Después de buscar, desde hace seis años, de forma extrajudicialmente, las vías del dialogo para definir la situación de mi menor hijo, de casi 7 años, con el actual presidente de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, y de que él solamente daba largar, sin importarle la estabilidad de mi hijo y su salud y desarrollo, decidí ejercer acción judicial de paternidad, filiación y alimentos en su contra, dentro de este juicio que se sigue en el Juzgado de los Civil y Familiar en Tecamachalco”.
Fernández Patricio asegura que durante el juicio el alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, ha mostrado su rechazo para conciliar a favor del menor: “Además, ha mostrado su dolo, mala fe, conduciéndose con falsedad y conductas ilícitas; en primer lugar, ha atentado contra mi honor poniendo en duda que sea la madre biológica de mi propio hijo. Inclusive, me sometí a pruebas de ADN, cuando no procedía.
”De las pruebas y los dictámenes periciales se demuestra que está totalmente probada la paternidad, y no conforme, a realizado conductas que han retrasado el procedimiento, a través de un posible tráfico de influencias con personal del Juzgado, en particular con la secretaria de Acuerdos”.
La agraviada refirió que el Juzgado señaló una fecha inhábil para el desahogo y, pese a que el horario para la toma de muestra indicaba a las 10 horas, la funcionaria, de nombre Beatriz Tamayo Gutiérrez, ordenó la muestra hasta las 12 horas, pese a que el menor se encontraba en ayunas.
Agregó que el 24 de febrero del año en curso, fecha que se señaló para el desahogo de pruebas, Tamayo Gutiérrez mostró total parcialidad a favor de Pablo Morales Ugalde, acciones a las que califica como tráfico de influencias y que atenta contra la impartición de la justicia.
“Son (Pablo y Beatriz) servidores públicos y están obligados a respetar y hacer cumplir la Constitución, han violentado el artículo 4 constitucional y los Derechos de los Niños. Razón por la cual presenté una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.
El encubrimiento
Por otro lado, señala que durante el desahogo de pruebas se solicitó a la tesorera del ayuntamiento de Palmar de Bravo que informara sobre el sueldo mensual que percibe el alcalde; sin embargo, ésta sólo se limitó a decir que ascendía a 5 mil pesos al mes, negándose a presentar un documento oficial que lo avalara.
Finalmente, la madre del menor agraviado lamentó que el alcalde Pablo Morales Ugalde, después de casi 7 años, se niegue a dar una pensión alimenticia digna y a cumplir con las obligaciones que marca la ley; peor aún, critica el actuar de las autoridades del Juzgado y el tráfico de influencias.
“En mi deber velar por los derechos de mi hijo, y acudiré a todas las instancias respectivas hacer valer esos derechos”.
