La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseveró que en materia de procuración de justicia se carece de jueces, ministerios y defensores públicos con conocimientos de los usos, costumbres, tradiciones, cultura e idioma de la población indígena del país.

Por ello es indispensable que las autoridades asuman un compromiso para contar con personal especializado en el tratamiento de los múltiples problemas que los aquejan, a fin de que los indígenas que se encuentran internos en algún centro penitenciario tengan acceso a un sistema de procuración e impartición de justicia eficaz.

Precisó que hasta el mes de julio se tiene registro de ocho mil 530 personas de extracción indígena en prisiones, siete mil 715 por delitos del fuero común y 815 del fuero federal, mientras que tres mil 126 están sujetas a proceso y cinco mil 404 ya están sentenciadas.

En un comunicado, la CNDH dio a conocer que las denuncias de este sector de la población en materia de procuración de justicia penal son violación al debido proceso, falta de intérpretes, carencia de defensores públicos especializados y conocedores en materia indígena.

El organismo expuso que “se ha detectado un gran número de casos en los que a los indígenas se les niega el derecho de contar con un traductor en su idioma desde su comparecencia ante el Ministerio Público y durante el proceso en los diferentes juzgados”.
Además muchos de los reclusos desconocen la información de los asuntos en los que se les involucra e ignoran los derechos que tienen durante el proceso penal.

Precisó que 75 por ciento de la población penitenciaria se concentra en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Distrito Federal, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Estado de México.

El organismo señaló que con el Programa de Gestión de Asuntos sobre Beneficios de Libertad Anticipada para Indígenas se han realizado visitas a diferentes centros penitenciarios para entrevistarse con los indígenas recluidos y revisar los expedientes de sus respectivos casos.

Refirió que de enero a julio de 2012 la CNDH presentó mil 729 solicitudes para el otorgamiento de este beneficio y como resultado 124 hombres y cuatro mujeres indígenas obtuvieron su libertad, además de brindar más de mil servicios de orientación sobre el cumplimiento de las penas, promoción de recursos en causas penales y defensoría pública.

Recordó que en esa periodo el organismo recibió 63 quejas, 28 de ellas de su competencia mientras que las 35 restantes se canalizaron a otras autoridades para ser atendidas “por presuntos abusos cometidos en contra de mujeres y hombres de diferentes etnias, recluidos en centros penitenciarios”.

La CNDH aseguró que trabaja de manera permanente en la promoción de los derechos de los reclusos para obtener su liberación anticipada de acuerdo con los requisitos de la ley y desarrolla diversas actividades para ampliar la atención médica en prisiones.