La bancada del PRI en el Senado sostuvo que los hechos ocurridos el mes pasado en Iguala, Guerrero, son producto de un conjunto de omisiones institucionales de las autoridades estatales.
El senador Arturo Zamora fue el responsable de fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la sesión donde el pleno aprobó un acuerdo por el que amplía hasta el 30 de octubre el plazo para resolver la solicitud de desaparición de poderes en aquella entidad.
Los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas y tres murieron “son el producto de un conjunto de omisiones institucionales por parte de las autoridades del estado de Guerrero”, aseguró el legislador.
El senador Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional (PAN), respaldó la postura del PRI, enfatizó que deben tenerse elementos para que el Senado determine si desaparecen o no los poderes en Guerrero o procede licencia al gobernador, y con ello dar certeza y fortalecer el Estado de derecho.
Al ampliar el plazo, aseveró el panista, se da un lapso para que el gobernador de Guerrero considere su separación del cargo, a efecto de que sea una medida razonable y en beneficio de la entidad y de la federación en su conjunto.
Antes, Arturo Zamora recordó que la CNDH pidió al gobernador Ángel Aguirre Rivero recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público, para abonar a la plena vigencia del Estado de derecho en las comunidades y municipios del estado.
Sin embargo, aseveró, el Ejecutivo estatal ha caído en omisiones, menospreció el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “y con ello permitió que la corrupción e impunidad continuaran siendo la constante en municipios como Iguala”.
En tribuna, llamó a Aguirre Rivero a “que pondere dejar el cargo para que se recupere la confianza y el tejido social”.
“De forma unánime invitamos a todos los grupos parlamentarios a declarar que deploramos profundamente la actuación del Ejecutivo estatal y lo invitamos a que en un acto de responsabilidad política, considere seriamente presentar su renuncia al cargo”, insistió.
En la sesión ordinaria de este martes, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, presentó el punto de acuerdo para ampliar hasta el 30 de octubre el plazo para resolver la solicitud de desaparición de poderes en la entidad y analizar el caso con mayor detenimiento.
El acuerdo incluye que en los próximos días una comisión de legisladores hará una revisión “in situ” para constatar que la información que los titulares de los poderes Legislativo y Judicial en la entidad son del todo ciertos, en el sentido de que operan con normalidad a pesar de los hechos de septiembre pasado.
Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre del PRD, consideró entendible que la Comisión de Gobernación decidiera ampliar el plazo para dictaminar en torno al tema, pues ello permitirá analizar a fondo las atribuciones del Senado en torno a una declaratoria de desaparición de poderes.
Aclaró que el mandatario estatal no puede presentar una renuncia, pues los cargos de elección popular son irrenunciables, ante lo cual debería solicitar licencia para que se pueda proceder con lo referente a la desaparición de poderes.
“Queremos una investigación a fondo caiga quien caiga. Si es el gobernador o el procurador de Justicia del estado, si son miembros del Congreso del estado, que se les castigue”, concluyó.
