Un adolescente de 17 años, vinculado a proceso por el delito de motín el pasado 21 de septiembre tras comprobarse su participación en los hechos violentos del 3 de septiembre en Ciudad Universitaria, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, ahora por la portación de un objeto apto para agredir.

De acuerdo con el expediente iniciado en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, la tarde de ayer, tras acudir al Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, el menor imputado Leonel Jactthar fue reconocido por varios estudiantes como una de las personas que participó en las agresiones en la explanada de Rectoría.

En consecuencia, se solicitó la presencia de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, quienes en la revisión preventiva, le hallaron un arma blanca, motivo por el que fue trasladado a la Agencia 57 del Menor Infractor, donde el Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de portación de objeto apto para agredir.

El 21 de septiembre pasado, la Procuraduría capitalina presentó al imputado ante un juez especializado en justicia para adolescentes, quien luego de analizar los datos de prueba presentados por la fiscalía del menor, determinó vincularlo a proceso por el delito de motín.

Conforme al artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, no se le impuso el internamiento; no obstante, el juzgador le fijó medidas cautelares como la presentación mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, cuidado y vigilancia de sus representantes legales y la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con las víctimas y testigos.

De las indagatorias se desprende que el adolescente en conflicto con la ley fue investigado por el delito de lesiones dolosas y ultrajes, hechos ocurridos en el perímetro de Álvaro Obregón en mayo pasado.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reiteró su compromiso con la ciudadanía para investigar los delitos y poner a disposición de la autoridad judicial a los probables responsables con el fin de combatir la impunidad.