Autoridades de Londres, Inglaterra, dieron luz verde a la extradición a México de Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, para que enfrente una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos, en agravio del estado de Veracruz.

El juez Paul Goldspring, dijo en una vista judicial que las pruebas son suficientes para autorizar la extradición. No obstante, el magistrado indicó que remite el caso a la ministra del Interior, Priti Patel, quien es la responsable última de dar el visto bueno final a la entrega de Macías Tubilla a México.

El gobierno de México solicitó la extradición en relación con unos fraudes supuestamente cometidos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero que ella rechaza.

Durante las sesiones celebradas en la Corte de Magistrado de Westminster, a cargo del juez Paul Goldspring, tanto el abogado de Karime Macías, Aaron Watkins, como el del gobierno mexicano, Mark Summers, expusieron sus argumentos sobre la extradición.

Según el abogado, Macías Tubilla no estuvo al frente de los supuestos fraudes en el DIF y dijo que se ha solicitado la extradición sin presentar pruebas sobre los delitos económicos que se le imputan, sino que se trata de acusaciones basadas en sospechas.

El abogado de las autoridades mexicanas argumentó que las pruebas de fraude son completas y convincentes, y mencionó los testimonios de Laura Elena Vega Martínez, quien fuera jefa del departamento de licitaciones del DIF. Summers defendió, además, las garantías de seguridad ofrecidas por el gobierno mexicano.

La orden de aprehensión fue librada por Alma Aleida Sosa Jiménez, jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, el 25 de mayo de 2018

El 29 de octubre de 2019, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), Karime fue detenida en Londres. No obstante, las autoridades de ese país fijaron una fianza por 150 mil libras esterlinas, equivalentes a 3.5 millones de pesos, lo que le permitió enfrentar su proceso en libertad.