Un juez federal suspendió de forma definitiva una orden de aprehensión girada en contra de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR obtuvo la orden desde octubre de 2020 pero nunca la cumplimentó, a pesar de que Rosario Robles ya se encontraba recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, indicó Animal Político.

En consecuencia, la suspensión definitiva que el juez de amparo concedió únicamente tiene como efecto que la orden de aprehensión pueda ser ejecutada dentro del penal femenil, donde Robles permanece sujeta a prisión preventiva justificada.

O que para el caso de estar en libertad, de ejecutarse el mandamiento, la exsecretaria de Estado quedará a disposición del juez de amparo, únicamente para que este vigile que sus derechos humanos no sean violentados como consecuencia de esta captura, y del juez de control de Almoloya para continuar con su proceso penal.

“Para que la peticionaria quede a disposición de este órgano de control constitucional, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar en el que se encuentra recluida, y a la de la autoridad jurisdiccional que conoce del asunto por lo que hace a la continuación del procedimiento, el cual no puede suspenderse en virtud de ser de orden público”, señaló el juzgador.

Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, cometidos supuestamente cuando era titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Un juez le dictó prisión preventiva el 13 de agosto de 2019.

La exfuncionaria está acusada de haber participado en una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por 5 mil millones de pesos, mismos que se desviaban a través de universidades públicas. El caso es conocido como "La Estafa Maestra".

Este fin de semana, Rosario Robles cumplirá tres años en prisión preventiva, tiempo superior al máximo de dos años que ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).