Las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social aprobaron, con modificaciones, el dictamen a la minuta del Senado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y Federal del Trabajo, en aspectos de vivienda de orientación social.

El decreto aprobado en lo general fue a través de 46 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, se remitió a la Mesa Directiva para los efectos conducentes.

Bajo ese panorama, la presidenta de la Comisión de Vivienda, diputada petista Maribel Martínez Ruiz, dijo que las juntas directivas de ambas comisiones acordaron que las reservas se lleven al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión u aprobación por los legisladores federales.

El dictamen, derivó de la iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum Pardo que arropa a los recursos del Infonavit que estén bajo su administración, por lo que se podrán destinar a la construcción de viviendas en territorio nacional, a través de una empresa filial que jurídicamente, no será considerada entidad paraestatal como Pemex y la CFE, además gozará de plena capacidad de gestión para desarrollar sus funciones en términos del derecho privado.

Ante esa perspectiva, la nueva empresa deberá sumar al cumplimiento de los objetivos y políticas públicas e interés social del Infonavit, tendrá en cuenta los principios de legalidad, honradez, transparencia, eficiencia, eficacia, economía popular para los trabajadores, austeridad y combatir a la corrupción.

Prioriza que el Infonavit podrá otorgar en arrendamiento social los inmuebles que se construyan o que sean bienes recuperados, en apoyo a la clase trabajadora.

Entre las modificaciones que realizaron las comisiones unidas a la minuta, se encuentra que la construcción de viviendas que realice el Infonavit fomentará el desarrollo económico local y la generación de empleos.

Además prioriza las modificaciones incidentes a la vigilancia y rendición de cuentas del Infonavit en materia crediticia.

En el documento se observa que se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con ayuda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervise y vigile las operaciones de crédito que celebre el Infonavit con los derechohabientes, desarrollando un sistema de programas de autocorrección en caso de la existencia de incumplimientos a las normas aplicables.

La minuta advierte que la fiscalización del Infonavit estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, que será competente para revisar la actividad del Infonavit como organismo fiscal autónomo, con la debida integración y administración de su patrimonio, el ejercicio del presupuesto de gastos de la administración, operación y vigilancia, en compañía del presupuesto de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria.

Precisa que las subcuentas de vivienda y créditos de vivienda de los trabajadores son inviolables y nunca estarán sujetas a auditorías, revisiones o fiscalizaciones de ningún tipo.

Establece que los órganos del Infonavit, establece que la Comisión de Vigilancia se conformará con nueve integrantes seleccionados por la Asamblea General, propuestos por cada representación sectorial de la siguiente forma: tres por el gobierno Federal, tres del sector de las personas trabajadoras y tres del sector empresarial.

Específica que el Comité de Auditoría se formará tripartitamente con un integrante designado por el Gobierno Federal, uno del sector de los trabajadores y uno del sector empresarial.

Las tareas del Consejo de Administración contempla la aprobación anual del presupuesto de inversión de construcción, para garantizar en todo momento que se destinen los recursos suficientes para otorgar crédito a los derechohabientes.

El documento aclara que quienes conforman los órganos colegiados del Infonavit no recibirán remuneración alguna o salarios por el desempeño de su función.

En la parte transitoria se faculta que la constitución de la empresa filial del Infonavit deberá ser una realidad dentro de los 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.

Subraya que los proyectos colectivos de crédito en línea tres a la edificación de viviendas que el Consejo de Administración del Infonavit haya arropado con anterioridad al uno de julio de 2023 que han incumplido sus compromisos con derechohabientes se cancelen inmediatamente, y el Infonavit restituirá a los afectados al 100 por ciento.