En una sesión que tomó menos de seis horas, el Senado de la República aprobó, sin modificaciones, una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a la Ley Federal del Trabajo, con la cual el gobierno podrá disponer de los ahorros de los trabajadores para la construcción y renta de viviendas de entre 40 y 60 metros cuadrados.

La iniciativa fue avalada en lo general con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones. Posteriormente, los artículos transitorios que se habían reservado se aprobaron con 67 votos a favor y 35 en contra. Con esta reforma, los trabajadores inscritos en el Infonavit tendrán la posibilidad de rentar vivienda a precios accesibles, respaldados por su empleo y con opción de compra.

El tema generó una fuerte discusión en el pleno, donde senadores de oposición advirtieron sobre los riesgos de otorgar al gobierno federal acceso a los fondos de ahorro de los trabajadores sin establecer mecanismos de control. Legisladores del PAN calificaron la reforma como “un atraco” a los recursos de los empleados, argumentando que no se detalló con claridad cómo se administrarán estos fondos bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, exdirector de Pemex y actual titular del Infonavit.

Por su parte, senadores del PRI señalaron que el gobierno de Morena busca beneficiarse con recursos ajenos, al utilizar los ahorros de los trabajadores para construir viviendas luego de haber eliminado, en 2019, el fondo destinado a la construcción de vivienda social.

Desde la conferencia matutina del miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que el Senado aprobara la reforma sin modificaciones adicionales a las realizadas por la Cámara de Diputados. “Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados modificaciones y esas son las modificaciones que desde mi perspectiva deben aprobarse en el Senado, ya no más”, enfatizó.

La reforma establece que las viviendas a construir y rentar no podrán exceder el 30% del salario mensual del trabajador. Sin embargo, la oposición mantiene sus críticas al considerar que la medida afecta los derechos de los empleados sobre sus propios ahorros y carece de reglas claras para garantizar la transparencia en la administración de los recursos.