Lo anterior lo confirmó ante representantes de los medios de el magistrado presidente Antonio Oropeza Barbosa, al señalar que las irregularidades más sobresalientes son las cometidas por el extinto Partido Esperanza Ciudadana (PEC) que actuó en las elecciones locales del 2007.
Este instituto, que desapareció el mismo año que surgió por no alcanzar el 2 por ciento de la votación, tiene por lo menos 30 observaciones en cuanto al manejo y destino de los recursos públicos que obtuvo.
"La ley nos dice que esos casos que los partidos políticos aún después de haberse extinguido deben tener representantes legales y deben tener unas oficinas para que nosotros podamos notificar y ahí hacerle su requerimiento", enfatizó el magistrado.
También comentó que en estos ocho procesos están involucrados todos los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PT, PEC, Verde Ecologista, Convergencia y Nueva Alianza), quienes de ser responsables podrían recibir sanciones económicas por parte del organismo electoral, las cuales se intensifican en caso de reincidencia.
Antonio Oropeza aclaró que quien se encarga de la fiscalización de los recursos es el Instituto Electoral del Estado (IEE) encabezado actualmente por Jorge Sánchez Morales, por lo que el Tribunal Electoral sólo analiza la gravedad de las faltas de los partidos políticos y emite una resolución que puede incluir multas económicas por no cumplir con sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Por otra parte, Antonio Oropeza reveló que tras las elecciones del domingo 4 de julio aún hay ocho procesos en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionados con la lucha por las presidencias municipales. Ante ello, los magistrados están en espera de las respectivas resoluciones para saber si se conforma o modifican los dictámenes emitidos por el TEEP.
El exhorto
Antonio Oropeza reiteró que tras la jornada electoral del domingo 4 de julio del 2010, el organismo electoral ha actuado con transparencia y total apego a la legalidad para no dejar dudas del trabajo realizado ante las impugnaciones presentadas por los diversos partidos políticos.