Víctor Manuel Hernández Quintana, el auditor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) salió al paso del anuncio realizado hace algunos días sobre su relevo, una vez que se presenten y aprueben reformas a la Ley del Órgano de Fiscalización anunciadas por el presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría.

El auditor acudió ayer al Congreso estatal a una reunión de la Comisión Especial del Proceso de Entrega-Recepción de los 217 ayuntamientos, presidida por el diputado Jesús Morales Manzo.

Desconcertado por las sugerencias de Aréchiga para hacer cambios en el OFS, el auditor descartó que detrás de dicho anuncio se encuentre “la mano del gobernador”.

Asimismo, calificó de manera positiva su trabajo y comparó los dictámenes del OFS con los de la Auditoría Superior de la Federación, ya que siempre coinciden.

El lunes 6 de junio, Guillermo Aréchiga Santamaría sugirió que es urgente hacer cambios al marco jurídico que regula al OFS en aras de mejorar la transparencia, y afirmó que los períodos tan amplios para presidir el órgano son dañinos.

“Esto requiere de reglas más claras y puntuales, esa parte nos toca a nosotros, ir por períodos tan amplios en los que no se rinde cuenta, con toda claridad, en los que no se refrenda la confianza de los ciudadanos en las urnas.”

A pesar del anuncio de Aréchiga, el auditor afirmó que todavía el Congreso no ha presentado ninguna iniciativa de ley para modificar la Ley del Órgano de Fiscalización.

Además, recordó que su nombramiento fue ratificado en el 2009, “fui nombrado por seis años por el pleno del Congreso en el 2007. En el 2009, el Congreso me ratificó.”

—¿Está seguro que su ratificación en el cargo estuvo dentro de la legalidad? —le preguntaron distintos medios de comunicación al finalizar una reunión con diputados.

—Yo creo que sí, porque fue ratificada la reforma a la Constitución por los 217 municipios.

—¿Jurídicamente procedería una destitución de su cargo. o ya hay derechos adquiridos?

—Yo creo que tengo derechos adquiridos a nivel federal porque la reforma del estado de Puebla surge en el Congreso de la Unión; no es una reforma constitucional que supere las disposiciones federales.

—¿No está pensada una renuncia de su parte?

—No.

—¿Piensa terminar?

—Desde luego que sí, es el compromiso. Esperaré el momento para emitir una opinión, considero que el trabajo que he hecho es un trabajo profesional, basado en normas y procedimientos.

—¿Es la mano del gobernador? —le pregunto otro reportero.

—No desde luego que no. Él ha manifestado que es respetuoso de los Poderes del estado.

Hernández Quintana defendió a capa y espada su trabajo al frente del OFS.

“Le puedo decir que el órgano emite una opinión, y quien la aprueba es el Congreso del estado, quien toma una decisión es el Congreso a través de la comisión y a través del pleno. Ellos aprueban las cuentas, yo no los apruebo.”

Hasta las computadoras se llevaron
Al término de su encuentro con los diputados de la Comisión Especial de Entrega-Recepción de los 217 municipios, Víctor Manuel Hernández critico la pasividad de los nuevos alcaldes para denunciar las anomalías en los municipios.

Además, precisó que hasta el momento sólo los municipios de Teziutlán, Santo Tomás Hueyotlipan, Amozoc y Huejotzingo han presentado denuncias penales contra las administraciones anteriores por encontrar elementos suficientes por daño patrimonial.

“Tuvimos cerca de 60 casos la entrega de informe, situación que fue subsanada. Tenemos conocimientos de diez denuncias penales”, afirmó.

En la reunión se dio a conocer que diez municipios levantaron su denuncia ante el Ministerio Público, al principio de la entrega-recepción, por faltas al sistema contable gubernamental y por sustracción de bienes patrimoniales y de información a través de equipos de cómputo, los cuales son Huejotzingo, Calpan, Coronango, Ahuehuetitla, Amozoc, Toxtepec, Esperanza, Cuyuaco, Chiconcuautla y Francisco Z. Mena.

En total fueron 50 alcaldes los que se llevaron los equipos de Cómputo, de los cuales sólo 40 los regresaron.

La comisión presentará un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos que tienen pruebas y elementos sobre alguna falta o irregularidad administrativa de los alcaldes anteriores, para que inicien los procesos y las denuncias correspondientes, y no esperar los tiempos de entrega de los dictámenes completos al Órgano de Fiscalización.